El general José Rodríguez Pérez quedó sujeto a proceso penal por el delito de delincuencia organizada, luego de haber sido señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El juez Enrique Beltrán Santes le dictó auto de formal prisión al considerar válidos los cargos presentados por el Ministerio Público Federal (MPF).

También vinculó a proceso al teniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, relacionados con los mismos hechos.

Fuentes cercanas a la defensa del general destacaron que el proceso se sustenta sólo en las declaraciones del testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) con nombre clave Juan, que ha sido identificado como Gildardo López Astudillo, El cabo Gil, ubicado como líder regional del cártel Guerreros Unidos cuando fueron privados de la libertad los 43 normalistas.

Explicaron que en sus alegatos, los representantes de la FGR acusan que los tres militares recibieron autos de formal prisión, afirmando que habían tenido que ver con lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014, debido a que acudieron a la clínica Cristina, donde varios normalistas se resguardaron y algunos recibían atención médica tras ser agredidos por los policías de Iguala.

Rodríguez Pérez era comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, cuando policías municipales de ese municipio y de Cocula y Huitzuco atacaron y privaron de la libertad a los normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014, y posteriormente los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los habrían asesinado.

En agosto pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dio a conocer el avance de las pesquisas que realiza la comisión especial para el caso; indicó que Rodríguez Pérez presuntamente estuvo involucrado en el homicidio de algunos normalistas, días después del ataque.

En 2014 era coronel y un año después fue ascendido a general. Con ese rango y tras conocerse que existía una orden de aprehensión en su contra, se puso a disposición de las autoridades y, al igual que los otros tres imputados, permanece recluido el Campo Militar número 1.