pocos días del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y tras las conclusiones, avances y pendientes presentados en el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa a finales de agosto, la verdad sigue sin ser esclarecida y, si bien la justicia avanza, no lo hace al ritmo esperado por las víctimas. Por ello se impone otra vez hacer un ejercicio de memoria histórica, volver a señalar la complicidad de autoridades y fuerzas armadas en los hechos que implicaron violaciones a derechos humanos y actualizar las cuentas todavía pendientes para garantizar verdad y justicia en el caso Ayotzinapa.
En la conferencia mañanera del 15 de septiembre, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, anunció la detención del general José Rodríguez, quien en septiembre de 2014 fungía como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como la de otros tres militares presuntamente involucrados. A una semana de ese anuncio, sabemos ya que a dichos elementos del Ejército se les dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada y desaparición; sin embargo, el número de militares detenidos causó extrañeza, pues la FGR había notificado apenas en agosto pasado la existencia de órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala y Teloloapan, Guerrero, de un total de 83 órdenes de aprehensión que se habían girado a autoridades y civiles involucradas en los sucesos, dado lo cual se impone la pregunta: ¿qué ha pasado con las otras órdenes de aprehensión?
En un entorno marcado por un proceso de preocupante militarización, en el marco del cual el Congreso ha aprobado el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y se discute en el Poder Legislativo la iniciativa de reforma para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028, es imperativo que se determine cuántos militares estuvieron involucrados y se esclarezca la responsabilidad institucional del Ejército, sea por pasividad y omisión institucional, o sea por una permisividad activa y complicidad, en el entramado de macrocriminalidad que dio lugar a los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Permanece pendiente la delimitación de responsabilidades entre autoridades federales involucradas tanto en los hechos como en la construcción de la denominada verdad histórica. La opinión pública está enterada de la detención de Murillo Karam, así como de la orden de aprehensión vigente contra Tomás Zerón; pero poco se sabe de los avances respecto de la judicialización de otras autoridades señaladas: Rodrigo Archundia, ex subprocurador de la Seido; Hugo Ruiz, ex encargado del despacho de la Seido; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de delitos en materia de secuestro; el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales; el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondeo Arámburo; José Miguel Espinoza Pérez, delegado del Cisen en Guerrero, y Omar García Harfuch, entonces comisario de la Policía Federal, entre otros funcionarios y autoridades militares que son más de 20 autoridades señaladas por el informe que habrían estado implicadas en la construcción del montaje histórico.
Mientras, funcionarios previamente aprehendidos e indudablemente involucrados mantienen en debate su libertad, como José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala; su esposa; el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, y otros funcionarios a quienes ya se les extendieron nuevas órdenes de aprehensión tras el amparo que habían obtenido la semana anterior.
Además de las detenciones y los procesos judiciales pendientes, el informe de la comisión de la verdad denuncia una falta de unificación en los procesos penales a cargo de juzgados, y la falta de coordinación en la FGR para el deslinde de responsabilidades. Señala que se tienen elementos suficientes para abrir o continuar procesos contra 17 funcionarios municipales y 10 funcionarios federales por su participación en los hechos.
Como en este espacio siempre hemos insistido, reiteramos que a quienes se debe poner en el centro de todo el proceso de búsqueda de verdad y justicia es a los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; sin embargo, ellos han denunciado que se está dosificando
la ejecución de las órdenes de aprehensión y que los escasos avances en justicia están todavía lejos de traducírseles en la verdad esperada. Subrayamos: hacen falta aún explicaciones contundentes; el informe exhorta a continuar las búsquedas en la ribera del río Balsas, la localidad de Atzcala, la barranca de Tonalapa, las inmediaciones de Tepeguaje y la brecha de Lobos en el paraje Suriana. No obstante dichos señalamientos, no se han observado progresos en las investigaciones oficiales ni en los operativos de búsqueda para dar con el paradero final de los estudiantes.
Con ello, la dignidad de los padres se ve nuevamente soslayada por la lentitud en el avance de los procesos de justicia y verdad, y por el cúmulo de inconsistencias en las investigaciones a cargo de la fiscalía, y por la desarticulación entre los juzgados que entrampa la sanción de los delitos. Más aún, la dignidad de los padres de los normalistas, como la de los familiares de los más de 100 mil desaparecidos del país, es vejada con el rampante avance de los procesos de militarización del país, y por una Comisión Nacional de Derechos Humanos complaciente con el poder público que abiertamente se ha puesto de espaldas a las víctimas.
El octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas ha de servir como un ejercicio de memoria histórica, que ayude a dimensionar los peligros y falacias de la militarización del país, y que subrayen en la agenda nacional los grandes pendientes que persisten para que los mexicanos podamos realmente acceder a la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos.
