San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresó su preocupación ante la aprobación de las reformas constituciones en materia de seguridad que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos.

En un comunicado, hizo un llamado a caminar en la construcción de un modelo de seguridad distinto, que impulse soluciones al ambiente de violencia que impera en Chiapas y en nuestro país. Agregó: La militarización aumenta la violencia y perpetúa las violaciones a derechos humanos y a los territorios de los pueblos.

Señaló que en Chiapas se tiene planeado concluir la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional, de 500 a escala nacional, y que la corporación contará en la entidad con 3 mil 522 efectivos de los 223 mil que forman esa institución, distribuidos en 266 coordinaciones regionales en el país.

De acuerdo con el Frayba, “los cuarteles se han instalado en territorios de pueblos originarios que se oponen al despojo de sus espacios por medio de los megaproyectos del gobierno federal, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conecta.

En Chiapas las fuerzas armadas han servido de elementos coercitivos que buscan desmovilizar a los pueblos y comunidades que defienden su tierra y territorio.

Estrategia fallida desde los noventas

El organismo que encabeza el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó: En medio de la remilitarización actual de Chiapas, se han intensificado el tráfico y consumo de drogas, persisten las desapariciones y los homicidios, lo que evidencia que, como en los noventas, la estrategia es fallida.

Añadió: Como parte del impacto de la violencia, existen comunidades agredidas y obligadas a desplazarse; en otras se han impuesto toques de queda por grupos criminales y zonas de silencio Estamos ante un Estado omiso y ante el fracaso de la estrategia militar.

El gobierno federal, consideró, ignora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que han expresado su preocupación por la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, y han exhortado al Estado mexicano a cambiar el enfoque militarizado de la seguridad.