Las mujeres perciben y experimentan la corrupción de un modo distinto a los hombres y ésta genera un impacto desproporcionado en ellas. La experiencia demuestra que son más susceptibles de ser víctimas de actos de corrupción, según el análisis Impactos de la corrupción sobre las mujeres en las Américas: Una agenda en construcción, elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Añade que uno de los aspectos sensibles es la corrupción en el acceso a servicios públicos y que la población más pobre –en la cual ellas están sobrerrepresentadas– es la más afectada en ese aspecto.

Asimismo, expone que las áreas percibidas como más corruptas son salud, educación y servicios sociales, es decir, aquellas a las que más acuden las mujeres y destaca que los roles sociales, políticos y económicos, que las normas de género les otorgan, condicionan su interacción con la corrupción y también los grados de vulnerabilidad a este tipo de acciones. En este sentido, se considera que la corrupción puede agravar las desigualdades de género.

Al citar un estudio de Transparencia Internacional (Breaking the Silence Around Sextortion), señala que la afectación diferenciada de la corrupción ejercida en las mujeres y niñas se evidencia en la comisión de hechos que configuran la extorsión sexual. Ésta se ejerce cuando el sexo es la moneda de cambio para pagar el soborno y no el dinero.

Apunta que los hombres son mucho más propensos a ejercer la extorsión sexual. Además, esta práctica no se limita a determinados países o sectores, sino que se puede encontrar donde quiera que los que ocupan los cargos de poder carezcan de integridad y busquen explotar sexualmente a aquellas personas que son vulnerables y dependen de su poder.

El estudio concluye que no hay un claro reconocimiento a la extorsión sexual como un tipo de corrupción, ya que en los marcos legales anticorrupción no ha sido penalizado expresamente.

También advierte que la explotación sexual y la trata de personas las perjudican de manera desproporcionada. La corrupción puede facilitar, permitir y hasta promover la comisión de delitos, como la trata de personas por parte de organizaciones criminales.

El estudio de la CIM refiere que se debe integrar la perspectiva de género en las políticas nacionales anticorrupción. Avanzar en la tipificación, sanción y reparación de delitos de corrupción que afectan de forma prevalente a las mujeres, como la extorsión sexual y la trata de personas, así como establecer y fortalecer mecanismos de denuncia sensibles al género que les permitan acceder al sistema de justicia conforme a los principios de debida diligencia y reparación.