Lima. Un fiscal anticorrupción y un equipo de policías y peritos informáticos abandonaron ayer el palacio de gobierno tras 16 horas del proceso para la incautación de videos de cámaras de seguridad ordenada por un juez.

El fiscal Jorge García se retiró sin hacer comentarios a la prensa, tras culminar la operación iniciada ayer por una orden judicial que es materia de controversia y apunta a verificar si la hija putativa del presidente Pedro Castillo, Yeni Paredes, estaba allí el 9 de agosto, cuando la residencia presidencial fue allanada para detenerla, sin lograrlo.

La joven es investigada por presunta corrupción a cargo, según la hipótesis fiscal, de una organización supuestamente encabezada por el presidente Castillo y por el ex ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y que involucraría a la esposa del mandatario, Lilia Paredes, así como a varios familiares de ambos.

Los registros requeridos corresponden a las cámaras que cubren tres accesos al palacio presidencial, según la orden avalada por una corte de apelaciones, tras negarla un juez de primera instancia por considerar que no tenía competencia para afectar la inmunidad presidencial.

Con similar argumento, los abogados de Castillo, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, negaron legalidad al nuevo allanamiento y añadieron que la orden fue impugnada ante la Corte Suprema, debido a la inmunidad del Poder Ejecutivo, y sólo ese máximo tribunal podía autorizar el registro.