La gradual asignación de nuevas tareas a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) en la actual administración ha llevado a que el próximo año controlen el doble de recursos directos de programas presupuestarios que en 2018.

El salto no se debe estrictamente a mayores asignaciones para la Sedena, que acumulará un crecimiento de 6.12 por ciento en su presupuesto, o para la Semar, cuyo incremento es de 2.78 por ciento respecto a 2018, también descontado el efecto de la inflación.

Aunque algunas instalaciones, entes y corporaciones no han pasado directamente al ramo de la Sedena o la Semar en términos presupuestales, su operación se encuentra ahora bajo el mando de las fuerzas armadas, entre ellas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Guardia Nacional.

En una situación similar se encuentra la Agencia Nacional de Aduanas de México, organismo que obtuvo independencia operativa y presupuestal del Servicio de Administración Tributaria y mantiene como titular a un político, Horacio Duarte, pero todas las funciones operativas y direcciones de aduanas están controladas por militares.

Hay que agregar los recursos por convenios de colaboración que implican la participación de los militares en la construcción del Tren Maya y en las 2 mil 744 sucursales del Banco del Bienestar.

La Semar y la Sedena pasarían de disponer recursos por 112 mil 327 millones de pesos en programas presupuestarios a 226 mil 309 millones el próximo año, un incremento nominal de 101 por ciento y 54.8 por ciento en términos reales, descontando la inflación.

Lo anterior, una vez considerados los recursos que los datos abiertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran para programas presupuestales en la Defensa Nacional, Marina, los aeropuertos Felipe Ángeles y Benito Juárez, la Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Más allá de las tareas de seguridad pública que las fuerzas armadas venían realizando desde que Felipe Calderón decretó su guerra contra el narcotráfico y puso a la Armada y al Ejército en las calles sin un marco regulatorio, es incierto cuánto control económico concentrarán al cierre de esta administración.

Las cifras para 2023 están incluidas en el paquete económico entregado al Congreso el 8 de septiembre.

En septiembre del año pasado, durante un recorrido por el AIFA, el general ingeniero Gustavo Vallejo adelantó a un par de medios, entre ellos La Jornada, que se crearía el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, un grupo que va a operar los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, que ya inició la construcción en Chetumal y Palenque, además del Tren Maya, detalló (https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/economia/023n1eco).

Más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó en una de sus conferencias matutinas, y la creación formal de la empresa se hizo pública el 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación. En un inicio, el general Vallejo detalló que por conducto de ese grupo la operación del AIFA subsidiaría al Tren Maya, dado que normalmente los trenes cuando arrancan son deficitarios.

No obstante, en febrero de 2022, a unos días de inaugurado el AIFA, su director general, el general Isidoro Pastor reconoció que la instalación será rentable hasta 2026, mientras tanto será financiada con recursos fiscales (https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/04/economia/el-aifa-rentable-a-partir-de-2026-senala-administrador/). Lo mismo ocurre con el Tren Maya, que es parte de la empresa que controla la Sedena: el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica.