El juez Marco Antonio Fuerte Tapia, con sede en el Reclusorio Norte, concedió el cambio de medida cautelar al ex senador Jorge Luis Lavalle, por lo que enfrentará en libertad el proceso por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, cargos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) tras presuntamente haber recibido recursos provenientes de Emilio Lozoya Austin para sobornar a legisladores y que aprobaran la reformas estructurales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La defensa del ex legislador realiza diversos trámites para concretar la medida autorizada y podría tardar hasta tres días en obtener el geolocalizador para su cliente y que se firmen los contratos necesarios para mantenerlo bajo vigilancia, informó un integrante del equipo de litigantes que acudió al Reclusorio Norte para dar seguimiento al proceso, pero que solicitó no publicar su nombre.

En una audiencia realizada el martes, a la que no acudieron medios de comunicación, el impartidor de justicia rechazó los argumentos de los agentes del Ministerio Público que sostenían que el panista y ex legislador debía permanecer en prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga.

Sobornar a legisladores, la acusación

Los cargos en contra de Lavalle se sustentan en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, inició con base en una denuncia presentada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin el 11 de agosto de 2020, en la cual asegura haber entregado alrededor de 500 millones de pesos a diputados y senadores para que aprobaran las reformas estructurales, en particular la energética, durante el gobierno de Peña Nieto, y que el dinero provenía de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para beneficiarse de contratos durante esa ges-tión federal.

Como parte de las medidas cautelares que se impusieron a Lavalle para obtener su libertad, debe portar un brazalete electrónico que permita monitorear su localización, se cancela su posibilidad de viajar al extranjero y debe acudir mensualmente a firmar el libro de procesados ante la unidad de medidas cautelares.