De 2019 a julio de este año, los organismos que integran el Poder Judicial de la Federación (PJF) han presentado 63 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que indague, en la mayoría de ellas, a miembros de juzgados y tribunales por la presunta comisión de delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos, ejercicio indebido del servicio público y enriquecimiento ilícito.

En al menos un caso, uno de los denunciados fue el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez; la FGR lo investigaba por delincuencia organizada luego de ser incluido en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y haber recibido sobornos de ese grupo delictivo.

La información obtenida refiere que la lista de involucrados en presuntos delitos incluye a magistrados de distintos circuitos, secretarios de acuerdos, actuarios, empresas y particulares, y en muchos de los casos los procesos administrativos aún se litigan en instancias del PJF, y la integración de carpetas de investigación no concluido, por lo que las identidades deben permanecer resguardadas.

Sin embargo, hay dos casos que, a decir de las fuentes, ya se han hecho públicos, entre ellos el del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien de acuerdo con la información emitida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el 22 de noviembre de 2019 fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República, a raíz de la denuncia presentada por el CJF.

En este caso, el órgano del PJF refirió que el 24 de mayo de 2019 denunció a Avelar Gutiérrez por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales, y el Ministerio Público Federal lo acusó de presunto enriquecimiento ilícito, al no justificar ingresos por más de 12 millones de pesos.

El año de su detención, Avelar Gutiérrez fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro, en la que señala a personas que están involucradas con organizaciones criminales.

En enero pasado, Avelar Gutiérrez obtuvo una resolución favorable para enfrentar su proceso en libertad, ya que estuvo más de dos años en prisión y no se había desahogado el procedimiento judicial; hasta ahora no se ha fijado fecha para la continuación del juicio.

Otro caso es el de Carlos Loranca Muñoz, quien se desempeñaba como magistrado federal y en 2018 fue suspendido por el CJF y sancionado con una inhabilitación de 15 años por presuntamente incurrir en irregularidades fiscales en sus declaraciones correspondientes a 2014, 2015 y 2016, y por cometer omisiones en el proceso judicial que se seguía contra Othón Muñoz Bravo, líder de un grupo dedicado al huachicoleo en el estado de Puebla.

Asimismo, existen denuncias contra ex integrantes del PJF por delitos relacionados con cuestiones de acoso y hostigamiento sexual, que dieron lugar a sanciones de tipo administrativo por parte del CJF, señalaron las fuentes consultadas.