De enero a junio de este año, al menos 47 mujeres fueron quemadas de manera intencional en el país –niñas, adolescentes y/o adultas–; es decir, en promedio se cometieron entre uno y dos ataques de este tipo cada semana, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Salud. Ante ello, la bancada del PAN propuso en el Senado una iniciativa para reformar ocho artículos del Código Penal Federal (CPF) y elevar la sanción hasta a 90 años de prisión a quien cometa homicidio intencional mediante el uso de fuego, ácidos o cualquier sustancia corrosiva, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan conforme a otros artículos de dicho código.

Otro dato reportado por las autoridades de Salud, precisa la senadora panista Josefina Vázquez Mota, es que 96 de los ataques más recientes resultaron en quemaduras con fuego, vapor o sustancias calientes. De ellos, sólo 71 (74 por ciento) fueron notificados al Ministerio Público, 22 de las víctimas (22.92 por ciento) son menores de edad, una de ellas, recién nacida, y 74 de las víctimas tenían 18 o más años.

La legisladora refiere en su propuesta de reformas que las cifras que presentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre lesiones dolosas contra la población femenina en México muestran un incremento récord con 281 muertes violentas en junio de 2022, un promedio de 9.3 casos diarios, que representan 6 por ciento más comparado con el mes precedente (265 asesinatos), pero 39.8 por ciento más en comparación con julio de 2021.

En el pleno, Vázquez Mota aseveró que esta iniciativa tiene, además, el propósito de incorporar al CPF el delito de lesiones por razón de género, pues ya están tipificadas las lesiones, pero no está especificada la pena cuando las circunstancias acusan una razón de género, y es fundamental establecer penas más severas para quienes cometen este tipo de ataques al valerse de fuego, ácido o cualquier sustancia corrosiva.

La reforma a los artículos del CP, subrayó, no se queda sólo en sanciones para el autor o perpetrador de lesiones por razón de género, sino que también plantea penas a los funcionarios de entidades de procuración de justicia que por omisión no cumplan con su deber de protección de la ciudadanía.

Tuvimos el caso reciente de Luz Raquel, madre de un niño que vive con autismo, quien el 16 de julio pasado fue quemada en un parque, y que en el proceso de investigación, la autoridad pretendió establecer que ella se había provocado las quemaduras hasta causarse la muerte.

Entonces, precisó, cuando las autoridades que tienen el mandato de proteger no lo cumplen, se vuelven cómplices del victimario, se colocan en contra de la afectada y terminan fortaleciendo la impunidad.

De forma breve, ejemplificó dos casos: “Margarita Ceceña, a quien su cuñado le prendió fuego tras rociarla con gasolina durante una discusión familiar. La mamá, Andrea Martínez, dice lo siguiente: ‘Llegaron a quemar a mi hija, fueron mi hermana, mi sobrina y sus (respectivos) maridos. Margarita ya había denunciado agresiones y le dijeron que no procedía como caso judicial, ahora ya está muerta, no puedo hacer nada’”.

La otra historia es de Carolina, de 21 años, quien comentó: “Iba hacia la escuela y siempre me voy por la misma calle. Ahí me esperaba mi ex novio, quien es químico, me ofendió y derramó un líquido sobre mi rostro y uno de mis brazos; no voy a olvidar jamás la sensación, pensé que me iba a morir, corrí gritando y pidiendo auxilio, hasta que llegó una ambulancia.

En el hospital me dijeron que eran quemaduras de cuarto grado, y hasta el día de hoy no entiendo cuál fue la causa del odio que me ha cambiado la vida.