A poco más de un año de que el gobierno federal emitió un decreto para instalar un comité encaminado a liberar a personas detenidas que acumulan más de una década sin sentencia, mayores de 70 años que no están acusados de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o a víctimas de tortura, la semana pasada la Secretaría de Gobernación (SG) publicó las reglas de operación, sin informar de algún avance en sus objetivos.

Fernando Valadez, presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), lamentó que además de la tardanza en emitir dichas reglas, tampoco han sido notificados si dicho comité está operando. De acuerdo con los casos que han presentado, no hay ninguna persona liberada mediante este mecanismo y no hay avances reales.

Este decreto se dio hace un año y es momento que no se opera. Tenemos varias personas que están esperando esa liberación y no se ejecuta. El problema es que en este país hay excelentes leyes, se firman todos los convenios nacionales e internacionales, por ejemplo contra la tortura, pero no se aterrizan en la realidad, explicó Valadez.

Aseguró que en los acercamientos con otras organizaciones civiles, han coincidido con que este mecanismo no ha tenido avances que hayan sido reportados.

De manera paralela, el Comité de Amnistía, durante su sesión ordinaria de finales de agosto, informó que hasta el momento un total de 209 casos han sido determinados como procedentes para este beneficio.

Se trata de un proceso distinto al comité de preliberación, agregó Valadez, ya que la amnistía es un perdón institucional para casos de quienes tuvieron una participación en organizaciones político-militares, en guerrilla o que han sido presos políticos.

En cambio, el comité de preliberación está previsto para quienes sufrieron tortura para declararse culpables, o cuya prisión preventiva se ha extendido más de lo que establece la propia ley y llevan hasta más de una década sin que un juez determine si es culpable o no.

Aunque el decreto ahí está y debería cumplirse, no es así. Se está atorando con algunos jueces, con el Ministerio Público y peritos oficiales. Nosotros comprobamos la tortura en dos casos, pero el perito oficial la niega. Se trata de una acción sistemática para evitar el reconocimiento de tortura, en la que se percibe una colusión del médico legista, del perito, del juez, del Ministerio Público, de todos; es todo el aparato el que está corrupto.

Consideró que la consigna es que, de manera muy rarísima, se reconozca que hubo tortura. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa se tuvo que recurrir a instancias internacionales.

El decreto por el que se ordenó atender las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas y la identificación de casos de víctimas de tortura se emitió el 25 de agosto de 2021. En el documento se daba un plazo de tres días para instalar el comité, de 15 días para emitir las reglas de operación y de 45 días para presentar un diagnóstico. El 28 de junio pasado se celebró la sesión de instalación del comité, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación.