Un grupo de ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) despedidos en septiembre de 1998 acudieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para exigir que se obligue a las autoridades del organismo a cumplir con los laudos pendientes dictados en favor de al menos 200 ex empleados.

En un mitin a las afueras de la sede del tribunal en la Ciudad de México, representantes de ex trabajadores de campo de 13 entidades, señalaron que dos sentencias emitidas por tribunales colegiados de circuito (de 2019 y febrero de 2022), que contemplan la reinstalación y el pago de salarios caídos de unos 200 ex empleados, que ascienden en promedio –afirmaron– a entre 2 millones y 4.5 millones de pesos por cada uno.

Juan Hugo López, represente de la Coalición Nacional de ex Trabajadores del Inegi, detalló que en 1998 el instituto de estadística despidió de manera injustificada a 4 mil 500 trabajadores en todo el país, quienes en ese momento tenían al menos 10 años laborando como parte del programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).

De ese total, indicó, alrededor de 2 mil 300 interpusieron demandas ante el TFCA en 2000, de los cuales en la actualidad quedamos alrededor de 400 ex trabajadores con demandas activas.

López comentó que ha habido casos de ex empleados que fueron reinstalados en sus puestos, les dijeron que en dos meses pagaban sus salarios caídos, lo cual no sucedió, por lo que renunciaron y decidieron continuar con la demanda. Los trabajadores, procedentes de Sonora, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Michoacán, entre otros, denunciaron un presunto contubernio entre tribunales y el instituto, a fin de retrasar la ejecución de los laudos.

José Paulino, integrante de la coalición, señaló que autoridades del TFCA, encabezadas por Héctor Tapia, jefe de departamento de la primera sala, les indicó –dijo– que se notificó al Inegi para atender el expediente 1672/99, revisar su estatus y avanzar en los pagos.

También se planteó acercarse con autoridades del organismo para avanzar en la conciliación de su demanda, fijando una comparecencia voluntaria entre las partes para el próximo 6 de octubre.