Durante 12 horas, las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados debatieron la constitucionalidad de que el Ejército tome el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN), y al amanecer del sábado, Morena y sus aliados se impusieron para avalar que militares continúen en las calles en tareas de seguridad.

Aprobado también en lo particular, el paquete de reformas a las leyes orgánicas de la Administración Pública y del Ejército y la Fuerza Aérea; y de las leyes de la Guardia Nacional y de Ascensos y Recompensas del Ejército, se envió a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual aprobación.

En el debate en lo particular, Morena reforzó que es posible combatir el crimen organizado desde una autoridad civil, con el apoyo temporal de la milicia. Y a su vez, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que no hay un acuerdo en lo oscuro con Morena al proponer ampliar a 2028 la permanencia de militares en la GN.

Actualmente, el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019 prevé que el regreso de militares y marinos a sus cuarteles ocurra en 2024, así que el tricolor planteó que esa disposición se extienda cuatro años más.

–¿Está de acuerdo Morena? –se le preguntó.

–No es un tema con Morena, sino para darle el marco normativo a las fuerzas armadas, para quienes el PRI tiene un respeto total. ¿Cómo le vamos a explicar a la gente que ya no nos van a ayudar, si no hay un cuerpo que lo haga? Sería una irresponsabilidad.

A lo largo de la discusión, los oradores de Morena reiteraron que la reforma no militariza la seguridad pública.

Amílcar Sandoval expresó desde la tribuna: Y no nos confundamos. La Guardia Nacional deberá acatar la estrategia nacional de seguridad pública, que la formula una entidad civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Está obligada a cumplir con los parámetros que establece la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y deberá de-sempeñar sus funciones apegándose estrictamente al artículo primero constitucional.

Además, expuso, debe coordinarse con autoridades civiles en la Federación, en los estados y en los municipios, mientras la SSPC mantiene su facultad de crear la política nacional de seguridad pública y propondrá la política criminal del Ejecutivo y coordinará el gabinete de seguridad pública.

Frente a las reiteradas críticas del PAN sobre la militarización del país, Manuel Robles Gómez (Morena) indicó: Quieren apelar y chantajearnos con nuestros principios y convicciones, porque saben que nosotros no queremos al Ejército en las calles. Tampoco quisiéramos cárceles, pero tenemos un México con un legado de impunidad, de crimen, y tarde o temprano ustedes van a pagar todo lo que hicieron.

A las 7:50 –el debate comenzó a las 20 horas del viernes–, el panista Humberto Aguilar Coronado fue el último orador. “La hoja de ruta es clara. La mayoría indolente gana la votación en la madrugada, en lo oscurito y con chicanas legislativas. El Senado también lo votará, se promulgará y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Presentaremos la acción de inconstitucionalidad. Decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quiero ver qué cara ponen cuando defina la inconstitucionalidad de esta reforma”.