Nuevo Laredo, Tamps., Familiares y amigos sepultaron ayer a la niña Heidi Mariana en el Panteón Jardín de los Ángeles, dos días después de que fue asesinada de un balazo en la cabeza presuntamente por personal del Ejército Mexicano.

Cristina Aracely Pérez Rodríguez, madre de la menor de cuatro años, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia; que por favor escuche, él es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar.

La mujer de 26 años, quien trabaja de asistente médica en el Hospital General de Zona 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –donde la noche del pasado miércoles recibió el cuerpo de su hija–, agradeció todas las muestra de apoyo de la ciudadanía y organismos de derechos humanos, pero también pidió castigo para los responsables.

Era mi bebé, ella no hacía nada malo en esta vida, sólo vino a traernos alegría; por ella, por su hermanito que está sufriendo mucho, quiero y exijo justicia, dijo entre llanto Cristina Aracely.

Kevin, de 7 años, cargó el cuerpo de su hermanita Heidi, luego de que ésta recibió el impacto de bala; en el momento de la agresión ambos iban en el automóvil conducido por Griselda Lizeth, de 43 años, esposa de su abuelo y quien se dirigía al IMSS porque la pequeña se sentía mal.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, manifestó que el Presidente debe ordenar una investigación imparcial.

Reclamó: no son ciertos los hechos que está narrando el secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval), aquí, en el caso de Heidi, no hubo enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, lo que sí hubo fue una persecución a tiros. Destacó que estas situaciones donde disparan los militares contra sospechosos es algo que ha ocurrido muchas veces en el municipio, donde se expone la vida de personas inocentes, por lo que solicitó que se indague sobre lo sucedido.

La Secretaría de la Defensa carece de imparcialidad (en este caso); además el caso compete a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recalcó.