En el contexto de la discusión que sostendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó al máximo tribunal un documento en el que reiteró que dicha figura es incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos, pues vulnera la presunción de inocencia, la libertad personal y la integridad de la gente, entre otras garantías.

Insistió en que organismos y mecanismos internacionales, como los comités de Derechos Humanos y contra la Tortura, al igual que el relator de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, han recomendado a México derogar ese recurso.

Asimismo, aseveró que con base en sus responsabilidades internacionales, el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos internacionalmente, lo que recae en toda autoridad a través de las cuales se ejerce el poder público.

La ONU-DH subrayó que de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, la imposición de la prisión preventiva automática, sin consideraciones individualizadas sobre su necesidad y proporcionalidad en el caso concreto, es considerada arbitraria y contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Expuso que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abuso de dicha figura ha sido una de las principales causas de la profunda crisis del sistema penitenciario en los países del continente americano.

Además, indicó que la CIDH afirma que no hay evidencia empírica alguna que demuestre que el aumento en el uso de la prisión preventiva lleve a reducir la violencia y la inseguridad.

La ONU-DH explicó que “se ha demostrado que en México la supuesta ‘puerta giratoria’ (para que los delincuentes queden libres) y los motores de la impunidad se encuentran en el actuar deficiente de las fiscalías”.

En tanto, Daniel García y Reyes Alpízar, quienes estuvieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años, y cuyo caso llegó a la Corte Interamericana, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que convoque a una consulta a especialistas y legisladores.