La Fiscalía General de Justicia (FGJ) aseguró 46 cuentas bancarias de los ex directores de Jurídico y Gobierno Luis Vizcaíno y de Obras y Desarrollo Urbano Nicias Aridjis, ambos en Benito Juárez, y de empresas a su nombre, cuyos recursos son producto del delito de enriquecimiento ilícito en que presuntamente incurrieron.

Además, incautó el folio real de un inmueble ubicado en Angelópolis –el complejo comercial y de oficinas más grande del estado de Puebla–, que se suma a las más de 40 propiedades presuntamente relacionadas a dichos ex servidores públicos.

Como parte de la investigación del llamado cártel inmobiliario, se detectó que 69 inmuebles edificados entre 2014 y 2021 en colonias de alta plusvalía, como Del Valle, Narvarte, Nochebuena y Nápoles, violan las normas de construcción.

Un presunto contubernio entre autoridades de la demarcación y empresas inmobiliarias permitió posiblemente obtener dividendos extras mediante la edificación de más niveles y departamentos de los permitidos, consideró.

De acuerdo con registros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se corroboró que esos inmuebles tienen desde uno hasta siete niveles de más.

Varios de estos edificios tienen incluso sus folios reales resguardados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio para evitar que se haga algún uso comercial de los mismos, por las anomalías que presentan en sus permisos y su construcción, indicó.

En la calle Filadelfia, en la colonia Nápoles, por ejemplo, se detectó un inmueble con 10 niveles de construcción, cuando tenía permitido seis; mientras, otro inmueble de la calle Boston, colonia Nochebuena, construyó siete pisos, cuando sólo tenía autorizados tres.

La autoridad encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad emitió diversas recomendaciones a la alcaldía para que iniciara los procedimientos administrativos contra las empresas constructoras mediante la demolición de los niveles excedentes.

También para que iniciara las acciones administrativas y/o penales en contra del director responsable de obra y/o servidores públicos involucrados; y empezar los procesos de verificación de manera oportuna para evitar la consolidación de construcciones irregulares.

Las autoridades de esa alcaldía presuntamente fueron omisas en dar cumplimiento a dichas recomendaciones y en ejecutar sus facultades para hacer efectiva la normatividad en la materia durante los periodos referidos, dijo la dependencia.