ovidísimo fin de semana para el presidente López Obrador, quien en menos de 48 horas se apersonó en cinco entidades de la República (Chiapas, Veracruz, estado de México, Nayarit y Sinaloa) para constatar el avance del programa Internet para Todos, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo propósito es llevar ese servicio hasta el último rincón del país y concluir lo que una empresa privada (Altán) no pudo hacer.

Ese consorcio fracaso, dijo el mandatario: Altán se creó con inversión privada, pero también todo era truculento: inversión privada, pero con créditos de la banca de desarrollo, o sea, de México, nosotros les dábamos los créditos antes, y si iban a construir algo les devolvían los impuestos, el IVA, negocios redondos. Bueno, ¿qué pasó? Llegó a 70 por ciento, es decir, tenemos ese porcentaje de cobertura, pero en los pueblos no la hay (como Telmex y otros consorcios que se concentran sólo donde para ellos hay negocio). Fracasa Altán pues y deja una deuda a la banca de desarrollo; intervenimos y ahora esa empresa ya es de la nación porque tenemos 61 por ciento de las acciones”.

López Obrador hizo un recuento rápido: en el gobierno de Fox se construyeron las líneas de fibra óptica, se pagaron con dinero público y al siguiente sexenio, de Calderón, se entregaron dos líneas de fibra óptica a la trasnacional espa-ñola Telefónica con otra empresa mexicana (dosen realidad: Televisa y Megacable) y ni siquiera las usaron para comunicar con Internet y con telefonía celular al país; ahora lo haremos, ¡y lo que va a significar para la educación, para la salud!; vamos a llevar Internet a todos los pueblos de México.

También el director de la CFE, Manuel Bartlett, se refirió al negocio (uno más) que Calderón armó para los privados, a costillas de la nación. Hace algunos años (dijo), en una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones tomaron la decisión de quitarle a la comisión dos parejas de fibra óptica. ¿Para qué? Para entregarla a los privados, una parte de la fibra óptica se les entregó por una reforma constitucional. ¿Qué hicieron con ese tesoro, que va en todas las torres del país? de ustedes, de la CFE... Ganar dinero. Van y se establecen donde hay dinero y ahí se quedan. El esfuerzo de ir hasta allá, donde hay que ir, no lo han hecho, pero ustedes (los trabajadores de la hoy empresa productiva del Estado) sí lo van a hacer, porque esta empresa es del pueblo y tiene ese compromiso en la sangre.

Así es. El 10 de octubre de 2010, casi a la medianoche, Felipe Calderón ordenó a militares y policías federales asaltar, en el clásico sabadazo, las instalaciones de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, al tiempo que publicó en el Diario Oficial de la Federación una edición extraordinaria en la que el propio Borolas decretó la extinción de LFC. De la noche a la mañana 45 mil trabajadores electricistas quedaron en la calle.

Se llegó a suponer que se trataba de capricho de Calderón, pero no: más allá de la energía eléctrica, LFC incluía un jugoso negocio y apenas 15 días después de su extinción, Borolas anunció la privatización de la red de fibra óptica propiedad del Estado (CFE+LFC= más de 21 mil kilómetros de tendido). Aceleró trámites, diseñó un traje a la medida, publicó las bases de la licitación para un par de hilos y, prácticamente de inmediato, dio a conocer al grupo ganador, único participante (Telefónica Movistar, en ese entonces presidida, en México, por el ex secretario foxista de Hacienda, Francisco Gil Díaz; Televisa, de Emilio Azcárraga Jean; y Megacable, de la familia Robinson Bours, la de Bachoco; uno de sus integrantes, Eduardo Bours, fue gobernador de Sonora y está involucrado en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo).

En ese entonces, la red de la CFE tenía un potencial de 2 mil 961 clientes por kilómetro; la de LFC, 27 mil 273 clientes por kilómetro. Calderón otorgó una concesión por 20 años, con 10 de prórroga, y el grupo ganador se quedó con las zonas más pobladas. ¿Cuánto se embolsó el gobierno? 858.6 millones de pesos.

El tendido de la red de fibra óptica, con dineros de la nación, implicó una inversión de 30 mil millones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Que la democracia cuesta, dice Lorenzo Córdova, pero no: lo realmente caro es mantener a la golosa pandilla que cobra en el INE, la cual se come 50 centavos de cada peso presupuestal.

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