na de las grandes mentiras que propagan los organismos que aglutinan a las empresas mineras mexicanas o extranjeras es que no afectan el medio ambiente ni la calidad de vida de las poblaciones donde desarrollan sus actividades. Responden así a las críticas de los especialistas y las comunidades que con estudios certeros ofrecen un panorama muy diferente.

Cambiémosla Ya, integrada por grupos de la sociedad civil, la academia y las comunidades afectadas, muestran cómo los sistemas de explotación de la minería impiden que México cumpla los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entre ellos: combatir las desigualdades y reducir la pobreza y las hambrunas al máximo; garantizar un trabajo digno y la salud y el bienestar de la población; un medio ambiente sano, que implica el uso racional de los recursos naturales, destacadamente el agua. Y luchar contra el cambio climático.

Entre los temas más preocupantes figuran los efectos negativos en el medio natural: Dolores Rojas, de la fundación Heinrich Böll Stiftung, ilustra cómo durante las tareas de extracción, beneficio y transformación de los minerales, se contaminan el agua, el suelo y el aire. Que poco se habla de los lixiviados y gases que se generan en los procesos de trituración, lavado, corrosión y los procesos químicos para separar los minerales del resto de las rocas donde se encuentran. Rojas destaca el alto consumo de agua, la contaminación y destrucción de las fuentes de abastecimiento del vital recurso que ocasionan esos negocios. Y agrega la opacidad sobre las concesiones otorgadas y para saber la cantidad de líquido que para la minería se extrae del subsuelo, ríos, lagunas y presas. Lo costoso en términos monetarios de acceder a esa información o conocer sobre los impuestos que paga cada negocio minero.

Sin embargo, Dolores Rojas informa que 417 empresas mineras utilizan al año más de 436 millones de metros cúbicos de agua, concentrados en Sonora, Zacatecas y Michoacán. Con ese volumen se cubriría la demanda de líquido de los habitantes de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit.

También la minería, en especial la de cielo abierto, destruye los recursos forestales. Manuel Llano, de Carto Crítico, advierte que arrasa grandes áreas boscosas y excava tajos de hasta cuatro kilómetros de diámetro y uno de profundidad. Es el caso de Peñasquito, en Zacatecas. Y, el colmo: aunque por ley están prohibidas las actividades extractivas en los núcleos de las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento (que albergan preciada biodiversidad), allí existen 67 proyectos mineros importantes. Abarcan casi 2 millones de hectáreas, 7.3 por ciento del territorio nacional. Extraen oro, plata, sal, yeso, zinc, antimonio y cobre. Hay 673 proyectos en áreas forestales. Y sin el consentimiento de sus pobladores, se otorgaron concesiones mineras en 39 por ciento de los ejidos y comunidades con bosques.

Otro dato negativo lo ofrecen la abogada Itzel Silva Monroy, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Jorge Peláez Padilla, investigador de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México: no se ha realizado ni un solo proceso de consulta con consentimiento para otorgar concesiones o establecer proyectos mineros en pueblos indígenas. Esto pese a que hace más de 30 años el país ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre dicha obligación. Tampoco se cumple el que ordena efectuar estudios de impacto ambiental antes de aprobar cada proyecto localizado en dichos territorios.

¿La minería como forma de abatir la pobreza y el hambre? Mentira. Así lo demuestran los trabajos de Adelaida Azamar Alonso y Beatriz Olivera Villa. Por ejemplo, los principales municipios productores intensivos de plata y oro, en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Coahuila y estado de México tienen altos niveles de pobreza.

Ilustran lo anterior con varios datos. Destaquemos hoy uno: en 17 de los 20 municipios con la mayor producción de plata, 43 por ciento de la población vive en la pobreza y 11 por ciento en pobreza extrema. Y en 18 de los 27 municipios con la mayor producción de oro, 40 por ciento de la población es pobre y 9 por ciento vive en pobreza extrema.

Contra todas estas irregularidades, luchan las comunidades agrarias. Citaré algunos ejemplos el lunes próximo.