A 12 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron asesinados, aún hay nueve víctimas sin ser identificadas y siete familias siguen esperando que se les autorice la revisión de los cuerpos que les fueron entregados fast track entre 2010 y 2011, para tener certeza de que son los de sus seres queridos, denunciaron Fundación para la Justicia, los comités de parientes de indocumentados desaparecidos de Guatemala y Honduras, y Casa del Migrante de Saltillo, entre otras organizaciones.

Ayer se congregaron algunas organizaciones en el antimonumento +72, ubicado en Paseo de la Reforma, enfrente de la embajada de Estados Unidos, para honrar la vida de todos las víctimas de la masacre y de las personas que las siguen buscando. Ahí colocaron fotografías de algunos de los asesinados, flores y mensajes en los que se leía justicia +72 migrantes, y #yaestiempo.

En un mensaje conjunto, manifestaron que este crimen es emblemático de la grave situación de violencia contra las personas indocumentadas que no cesa en nuestro país y de las tragedias a las cuales está sujeta dicha población.

Detallaron que seis familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la revisión de identificación de los cuerpos que les fueron entregados fast track, sin explicación, sin documentación, sin siquiera poder verlos. Una de ellas es la de Ángela Pineda Morales, quien murió el año pasado sin saber si los restos que recibió son realmente de su hija Mayra Izabel.

En el antimonumento también difundieron el caso de la señora Vilma, quien en un video grabado desde Guatemala cuestionó cómo es que por medio de una fotografía las autoridades iban a estar seguras de que los cuerpos que les entregaron, entre ellos el de su esposo, fueron los correctos. Pidió que se les ayude a investigar y se haga justicia.

Las organizaciones sostuvieron que no se ha contado con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para lograr un acuerdo con sus par guatemalteco para la exhumación y revisión de los cuerpos en la nación centroamericana por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Expusieron que desde la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, que sigue impune, se han cometido otras, como la Cadereyta, Nuevo León (2012), y Güémez (2014) y Camargo (2021), en Tamaulipas. Si bien para la investigación de los casos, la FGR aceptó el apoyo técnico de la Organización de Naciones Unidas (ONU), no se ha concretado. Urgieron la integración de la comisión especial para la investigación de masacres y desapariciones de migrantes, recomendada por la ONU.