Chihuahua, Chih., Familias desplazadas desde 2015 por la banda de José Noriel Portillo Gil, El Chueco, de las comunidades El Manzano, municipio de Uruachi, y Monterde, en Guazapares, obtuvieron dos sentencias de amparo a su favor para que autoridades estatales y federales garanticen el retorno seguro a sus viviendas, informaron los colectivos que representan a las víctimas.

Los dos amparos obligan a la Secretaría de Gobernación, a las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado a brindarles servicios de salud gratuitos, alimentación y alojamiento en la capital del estado, entre otros apoyos, mientras no se garantice la pacificación de la zona donde vivían.

Tras siete años del desplazamiento forzado, el 12 y el 19 de agosto pasados se emitieron las dos sentencias a favor, explicaron ayer los colectivos Consultoría Técnica Comunitaria AC y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

Los jueces ordenaron a los gobiernos federal y estatal reparar el daño causado a raíz de la violencia y la falta de seguridad en Uruachi y Guazapares.

También solicitan, además de la ayuda humanitaria para las víctimas, el reasentamiento definitivo con vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad, asegurar los bienes que dejaron en sus comunidades y acceso a la justicia mediante el seguimiento de las investigaciones iniciadas en el momento del desplazamiento.