Frente al lento avance en los procesos de legitimación de contratos colectivos de trabajo (CCT), existe el riesgo de una desaparición masiva de los mismos y en consecuencia que las empresas fomenten las relaciones individuales de trabajo, sin sindicatos ni contratación colectiva, advirtieron especialistas en la materia.

A nueve meses de que venza la fecha límite que estableció la reforma laboral, de 500 mil CCT sólo 5 mil 980 (1.1 por ciento) han sido avalados por un millón 820 mil trabajadores en el país. Estimaron que hay unos 80 mil CCT activos.

Las organizaciones sindicales deben cumplir con esta obligación, de lo contrario, desaparecerán los CCT vigentes con las empresas, pero los trabajadores conservarán todos los derechos adquiridos, subrayó José González Godínez, coordinador de la Casa Obrera de Querétaro, inaugurada ayer en videoconferencia.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), mencionó que uno de los escenarios es que la libertad sindical se aplique como lo hacen empresas del sur de Estados Unidos –asociadas a bufetes mexicanos–, que es el derecho a no sindicalizarse, ni que haya contratos colectivos.

Agregó que ante las bajas tasas de consultas prevalece la posibilidad de que los sindicatos corruptos intenten regresar a las empresas a negociar un CCT bajo las nuevas reglas laborales. Sin embargo, otro escenario es que se respete el derecho de los trabajadores a formar gremios y que éstos negocien auténticos contratos con mejores condiciones laborales.

De la Cueva consideró que van a quedar decenas de miles de empresas desiertas sin contrato, y frente a estos escenarios, a partir del 1º de mayo de 2023 el desenlace es incierto.

Los asesores en la materia resaltaron que la información que ofrecen las autoridades laborales es escasa y carece de calidad, pues no está desglosada por estado ni existe claridad respecto a una verdadera participación de los trabajadores en dichos procesos.

En el caso de Querétaro, dieron a conocer que es uno de los estados donde hay más contratos de protección, con al menos 600 documentos controlados por viejos sindicatos corporativos como la CTM, la CROC y CATEM.

Además, en esta entidad sólo 308 de 610 organizaciones activas cumplieron con la modificación de sus estatutos para ajustarse a las nuevas reglas democráticas del voto personal, directo, libre y secreto, o la representatividad de género.