Julio Hernández Barros, ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), señaló que en caso de que se vincule a proceso al ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam, el juez de control debe otorgarle el beneficio de que enfrente el juicio en libertad, porque al ordenar la prisión preventiva justificada se violan sus derechos humanos, la presunción de inocencia y va contra lo establecido en tratados internacionales.

En entrevista, advirtió que debido a los padecimientos que presenta el ex funcionario, sobre todo la insuficiencia vascular cerebral, su estado de salud podría agravarse de manera intempestiva.

Murillo Karam está preso en el Reclusorio Norte, en espera de que el juez defina este miércoles si lo lleva a juicio o no por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, obstrucción para la procuración de justicia y tortura, relacionados con la de-saparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

El especialista en derecho penal, derecho victimal y juicios orales fue titular de la CEAV de noviembre de 2013 a enero de 2017. Ha impartido cursos en las universidades Nacional Autónoma de México, Panamericana, La Salle y Anáhuac del Sur. Es catedrático de la maestría en criminología del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor del Instituto Nacional de Administración Pública.

Medida excepcional

Hernández Barros dijo que en la audiencia inicial del sábado pasado el juez debió haber negado la libertad a Murillo Karam mediante una medida cautelar distinta de la prisión preventiva justificada.

Además, el especialista estimó que el juzgador violó el artículo 19 de la Constitución, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la prisión preventiva es una medida que debe aplicarse en forma excepcional, sólo cuando haya certeza de que las medidas cautelares garantizan la comparecencia del imputado en el juicio o de que se va a sustraer de la acción de la justicia.

El ex titular de la CEAV agregó que en este caso también se viola la convencionalidad a los tratados que tiene México celebrados, entre ellos el Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969).

Para Hernández Barros, el ex procurador no participó en la desaparición forzada de los estudiantes o tortura de algunos testigos.

Todos vimos prácticamente en cadena nacional que él se entregó sin resistencia. Vimos a un ex procurador no siendo capturado por la policía, sino entregándose a ella, saliendo de su domicilio y sin oponer ninguna resistencia, prácticamente entregándose con la idea firme de comparecer y resolver el problema que estoy seguro lo hará en su momento.