A pesar de los esfuerzos por hacer obligatorio el debido proceso y la debida diligencia en la investigación del delito de feminicidio en México, aún se responsabiliza a las víctimas de los hechos cometidos en su contra, afirmaron expertas.

Subsisten inercias institucionales que afectan la indagatoria de casos conforme lo establecen los protocolos, lo que limita el acceso a la justicia para las mujeres y sus familias, señaló Mónica Luna Blanco, antropóloga e investigadora del Colegio de San Luis.

Al participar en el Seminario Permanente sobre Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reconoció que si bien se reporta una reducción de 8.5 por ciento en los casos de feminicidio en lo que va del año, aún se cometen al día 10 asesinatos de mujeres por motivos de género.

En el primer semestre de 2022, expuso, se han notificado 493 feminicidios, fenómeno que afecta principalmente a seis estados: Guanajuato, estado de México, Michoacán, Baja California, Chihuahua y Jalisco.

Agregó que al menos 12 por ciento de los crímenes contra la vida de la población femenina se cometieron contra personas de hasta 17 años, y 81 por ciento, de 18 años y más, aunque en 7 por ciento de los asesinatos no se logró especificar la edad de la víctima.

Respecto de los desafíos que se enfrentan para garantizar el acceso a la justicia, Alanís Sámano reconoció que existen problemas estructurales, por lo que se requiere de una reforma de gran calado en áreas no sólo de procuración, sino de impartición de justicia.

Indicó que pese a que el marco normativo orienta a que toda muerte violenta de una mujer inicie su investigación como un feminicidio, en los hechos no es así, pues en la mayoría de los casos se abre la carpeta de indagatoria bajo la presunción de homicidio doloso.

Por ejemplo, en Guanajuato, 6 por ciento de los asesinatos de mujeres son investigados como feminicidio, en Hidalgo, 23 de cada cien; en Nayarit, 24 por ciento, y en San Luis Potosí, 32. En contraste, en Coahuila y Durango 70 por ciento de las muertes violentas de mujeres se indagan con perspectiva de género.

Brenda Bazán, agente del Ministerio Público Supervisor en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, destacó que es menester y urgente contar desde el principio de la apertura de las pesquisas con las diligencias y pruebas periciales que sustenten no sólo la vinculación a proceso, sino el juicio contra un presunto responsable, las cuales, enfatizó, deben seguir los protocolos establecidos por la ley, lo que aún representa un desafío en la procuración de justicia de cada estado y a nivel federal.