n juez federal de Estados Unidos autorizó la semana pasada a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el cateo de la residencia del ex presidente Donald Trump en Florida en busca de cientos de documentos que debieran estar guardados en el Archivo de la Nación. Durante meses, el gobierno estadunidense solicitó que fueran devueltos a donde pertenecían, pero a pesar de las reiteradas peticiones, Trump y sus abogados se negaron a devolverlos. Por esa razón, la procuraduría general pidió a un juez federal autorizara un cateo para, específicamente, incautar esos documentos que indebidamente estaban en la residencia de Trump. Efectivamente, en el allanamiento se encontraron decenas de cajas con documentos pertenecientes al gobierno que debieron ser resguardados en el Archivo de la Nación. La información de dichos archivos pudiera ser vendida o intercambiada para el beneficio de individuos o gobiernos con la intención de dañar a la nación, declaró el procurador general.

Las reacciones a este suceso no se hicieron esperar. Por un lado, algunos sectores de la sociedad reconocieron latrascendencia del hecho y apoyaron la decisión. Otros, encabezados por los líderes del Partido Republicano, acusaron al gobierno demócrata, liderado por el presidente Biden, de organizar una cacería de brujas y una venganza en contra de la oposición. No vale la pena abundar en la sinrazón de esas acusaciones que caen por su propio peso cuando hay evidencias claras de que flagrantemente se violó la ley. No fue extraño que Trump y sus adláteres, dentro y fuera del partido, actuaran con el cinismo y la falta de aseo cívico que les caracterizó durante más de cuatro años y que, por lo visto, continuarán haciéndolo. Sin embargo, lo que más desconcierta y asusta es la respuesta de buena parte de la sociedad y de la opinión pública que han criticado acremente al procurador general, a los agentes federales y al juez federal que autorizó el cateo, amenazándolos incluso en su integridad física. Para ponerlo en términos llanos, pareciera que Humpty Dumpty se apodera de la razón y pone al mundo de cabeza cuando los guardianes de la ley, a la que se debe cualquier ciudadano, son ahora los acusados de sediciosos. Si ellos no hubieran actuado de esa manera, en cumplimiento con lo que la ley dicta en un estado de derecho, cometerían una grave falta a sus obligaciones. Por ello, es lamentable que tantos se sumen a las evidentes intenciones de Trump en romper con el orden constitucional, con la aquiescencia de no pocos legisladores de su partido y las salutaciones de las hordas que integran el ejército de lumpen que los siguen.

Hasta hace muy poco, en el país la política y las ideas eran el sustento de una democracia que, con todas sus imperfecciones y si se quiere injusticias, intentaba dirimir sus diferencias mediante el diálogo civilizado. Hoy, al influjo de un individuo, se transfigura paulatinamente en un tribalismo que amenaza con arrastrar a su sociedad en su conjunto. No otra es la conclusión que se deriva de la andanada en contra de su presidente y el procurador general por intentar reconstruir la casa que el ex mandatario dejó en ruinas. Mal asunto que, en vez de sumarse a ese intento creando una gran corriente ciudadana que deslegitime a los hunos, por el contrario, muchos ciudadanos se mimetizan con ellos.

Es una incógnita cuál será el resultado de esta historia y de la forma en que alterará la composición en ambas cámaras legislativas. Basta decir que en tiempos normales no ha sido extraño que el partido del presidente pierda una o incluso ambas elecciones de medio tiempo. Pero, cuando así ha sucedido, el barco no se hundió ni naufragó, aun cuando la orientación de la política social y económica cambió de rumbo. Pero estos no son tiempos normales. La tormenta perfecta que se ha creado con las reiteradas llamadas al caos que el ex gobernante, sin rubor alguno insiste en propagar, pudiera desfondar el barco y no derivar sólo en un cambio de rumbo.