esulta inquietante que sean observables de entrada tantas imprecisiones y fragilidades en el caso tan delicado del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, acusado de fabricar una falsa verdad histórica sobre la desaparición y ejecución de 43 estudiantes en 2014.

Según señalamiento de Javier López García, uno de los abogados de Murillo Karam, agentes federales habían detenido previamente, por error, a un hermano del ex gobernador de Hidalgo, y afuera de la casa de éste se había instalado poco menos de tres horas atrás una vigilancia policiaca móvil y fija. Cuando fue apresado el verdadero objetivo de la acción policiaca, se liberó al hermano.

Los tropezantes preámbulos permitieron a Murillo Karam salir de su casa con aire de tranquilidad (¿negociado el episodio, hablado con antelación, cuando menos?), caminando con las manos en los bolsillos de la chamarra, pues su propósito era dejar asentado que de manera voluntaria se estaba entregando.

El oficial de investigación a cargo de la operación se vio nervioso, casi en papel de subordinado, con un Murillo Karam en dominio escénico (usted está haciendo su chamba), preocupado de que por su causa no fuera interrumpido el flujo vehicular en una calle de las Lomas de Chapultepec (“estamos parando el tráfico… que no estorben”): un hombre tan respetuoso de las leyes y reglamentos, incluso los de tránsito, que difícilmente (habría de deducirse, a partir de la congoja vehicular) tramaría cumbres criminales como las que le adjudican.

El oficial de investigación de la Fiscalía General de la República llegó a reconocer que la lectura de los trámites procesales del caso era algo penoso. Y Murillo Karam asentó: no es penoso, es político.

Al otro día, ya ante el juez, los agentes del Ministerio Público Federal dieron un penoso espectáculo de improvisación y desorganización, a tal grado que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia reconvino a los representantes de la fiscalía, Lidia Bustamante y Sergio Navarro (hay un desorden, no vienen debidamente preparados), quienes, según algunas notas periodísticas, dijeron que la conocedora del expediente era Paola Berenice Reyes Sánchez, fiscal que estaba sentada en el área del público de la sala 2 de audiencias, de donde hubo de integrarse a la diligencia (https://bit.ly/3T7asW5).

Detalles menores podrían parecer, pero siendo los iniciales alimentan el temor de que la oficina de Alejandro Gertz Manero no estuviese procesando adecuadamente el caso de Murillo Karam, por apresuramientos, ineficacia o acaso intencionalidad generadora de huecos o irregularidades que más adelante puedan aprovechar los abogados del nefasto personaje hidalguense.

Así que, peculiarmente coincidentes en tiempo ante la puerta carcelaria (él, de entrada; ella, de salida), los casos de Jesús Murillo Karam y Rosario Robles Berlanga ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre los vericuetos procesales y los riesgos de no llegar a una verdadera justicia en encausamientos políticamente relevantes.

Robles Berlanga seguirá sujeta a proceso judicial, pero desde su domicilio, tal como le debería haber sucedido desde tres años atrás en razón de la cuantía menor de la acusación de omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como servidora pública en el contexto de la llamada estafa maestra. Hay otra acusación, por delitos mayores, pero estancada procesalmente.

Es importante precisar que la salida de Santa Martha Acatitla no significa ningún reconocimiento de inocencia de Robles Berlanga, pues su proceso penal ni siquiera ha avanzado. Sólo se ha aceptado que ese proceso debe llevarlo desde su casa, con medidas cautelares específicas. Y si la segunda causa avanza, tales medidas podrían cambiar, incluso con nueva reclusión en un centro penitenciario.

Y, mientras la fiscalía de Gertz ha mencionado a Omar García Harfuch, jefe policiaco capitalino, en el contexto de las complicidades con Murillo Karam, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx