Aunque integrantes del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) afirman que su plan presupuestal para el año entrante es 1.7 por ciento inferior al actual, en el anteproyecto respectivo no hay previsiones de recortes o fusiones en la estructura vigente.

Por ejemplo, conservan la cartera institucional de proyectos, como se denomina a distintos objetivos, que eventualmente podrían compactarse en oficinas que atienden temas similares.

El árbitro electoral nacional tiene la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como otra de Transparencia y Protección de Datos, que en conjunto suman este año un gasto de 74 millones de pesos.

Pero al mismo tiempo, en el apartado de la cartera institucional de proyectos, hay un renglón dedicado a fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, con un presupuesto de 98 millones; una denominada fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público, por casi 500 millones de pesos, y otro con el objetivo de fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales, cuyo gasto actual es de 37 millones.

En el anteproyecto que el lunes próximo será sometido a votación del consejo general (para luego enviarlo para su análisis a la Cámara de Diputados), tampoco se tocan los fideicomisos: uno para atender el pasivo laboral y otro para el programa de infraestructura inmobiliaria, que los funcionarios electorales defienden a toda costa.

El INE resalta que los fideicomisos no son ilegales. Adicionalmente, no valora la posibilidad de disminuir su plantilla (18 mil trabajadores) y menos los sueldos del personal operativo ni de sus directivos; sólo los 11 consejeros ganan más de 200 mil pesos mensuales.

Para sustentar lo anterior –y otros aspectos del gasto–, el organismo aduce que la Constitución prevé que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función.

Para 2023 no toca las tareas de fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público, tampoco el nivel presupuestal dedicado a fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales ni aquel para fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos.

Como se informó la víspera, el INE elaboró un anteproyecto para 2023 compuesto por un presupuesto base de 11 mil 769.7 millones de pesos y una cartera institucional de proyectos por 2 mil 669.8 millones, para sumar 14 mil 439 millones.

Programó 4 mil 25 millones de pesos, por si se decide realizar una consulta popular, recurso que devolvería si ésta no se efectúa, pero no toca los gastos ordinarios ni las prestaciones a los consejeros, por mencionar algunos rubros que son defendidos como derechos laborales, legales y constitucionales, normados además por reglas internas.