omenzó la negociación, basada en el T-MEC, por los reclamos derivados de la conducción energética del gobierno. Y, poco a poco, se van situando tanto las condiciones a las que se deberán ajustar los alegatos de las tres partes en disputa. Ya pasó el tiempo de los tremendismos desplegados por la crítica opositora unida a, esa otra, muy dada a los escándalos. Esta última muy abundante debido a su supina ignorancia y, otro mucho, también, por los intereses de sus semiocultos consejeros. El caso es que ya se dejaron atrás los famosos 30 mil millones de dólares que costaría a México este reclamo. Quedan algunos remanentes del griterío desatado en ese inicio de incertidumbres, pero ya no resuenan con los subidos tonos y los desbocados volúmenes de un principio. Los impactos negativos en la promoción de inversiones serán, por tanto, de menor intensidad.

El espacio común se ha llenado ahora con otra intensa campaña de tragedias múltiples. Se trata de adivinar, nada menos, lo que sucedería en la eventualidad de que AMLO decida sacar al país del tratado. Hasta lo ridiculizan con el título de Mexit por imitación del Brexit inglés. Nada hay que sostenga tan aventurado argumento crítico. Desde un inicio de la misma negociación, y siendo todavía presidente electo (2018), confirmó su firme apoyo al tratado. Y, apenas hace unos días, dio la instrucción a los designados negociadores de no pleitear con los reclamantes: estadunidenses y canadienses. Pero el ámbito difusivo se ha llenado como de costumbre de ensordecedor ruido: condenas al gobierno y calificativos al tabasqueño por perseguir rupturas con argumentos que nada vienen al caso: la soberana independencia de México. Alegatos, según opositores, que rayan en el ridículo. Y todo este desplegado de fantasías proviene de que el Presidente pretende consultar a la ciudadanía, en septiembre venidero, sobre el apoyo a su conducción energética.

Alejándose de tan alebrestados pronunciamientos, que a nada conducen, hay que entrar al meollo de las inconformidades reclamadas. Unas se dirigen al concepto de las asimetrías que la reforma de Peña impusieron tanto a la CFE como a Pemex. Asimetrías que, pasado el tiempo, ya nada tenían de ventajas anticompetitivas. En lo que respecta a gas natural y al licuado de petróleo (LP) la incidencia en el mercado de la petrolera era bastante menor a 50 por ciento. En gasolinas, y sólo en cuanto a ventas de primera mano, en el momento de aprobar la ley que tocaba lo vigente, Pemex tenía todavía un margen mayor. Pero, en la realidad, el conjunto de oferentes privados, ya incidía en gruesos números en la competencia por el favor de los consumidores. Las importaciones de gasolinas eran abundantes y han seguido creciendo. Las inconformidades, con varios artículos de la nueva ley, se llevaron hasta la Suprema Corte, que determinó la constitucionalidad de esa ley aprobada por el Congreso. Con base en ella, la CRE dictó el levantamiento de las asimetrías a Pemex. No ha habido hasta este día reclamos ante tribunales por ello. Lo cierto es que la estrategia gubernamental plantea lograr la autosuficiencia en gasolinas para 2024. De lograrse tal meta –y se va en esa ruta– Pemex, ciertamente, podrá ser un abarcante competidor efectivo en el mercado de carburantes. Pero los privados podrán importar –o comprarle– con base en sus cálculos de utilidad. Nada hay que impida la concurrencia y competencia en favor del consumidor.

En cuanto a la industria eléctrica el asunto tiene que ver, en sustancia, con alegadas ventajas para favorecer a CFE en detrimento del sector privado. Lo que se ha hecho, con base en la ley aprobada, es actualizar la fórmula que indica la prioridad del llamado despacho eléctrico (a cargo del Senace). En verdad, se trata de corregir ineficientes consideraciones sobre cuáles generadoras entran primero a las redes eléctricas y con qué precios. Ya no son aceptadas las condiciones de sólo tomar en cuenta los costos marginales de los generadores, sino sus costos totales. En esa virtud, ya no son prioridad las llamadas energías limpias (intermitentes) que acarrean fuertes costos (entre ellos el llamado respaldo), sino otras, como las hidroeléctricas. Éstas, además, son más confiables para la estabilidad del sistema completo. Y este concepto –estabilidad– es el que ahora cataloga el orden de entrada y los costos designados. Así, las generadoras basadas en carbón, diésel o combustóleo ya no son las que determinan el precio al que se debe sujetar todo el sistema. Esta situación actual conllevó la disminución sustantiva de los precios que paga el consumidor.

Esos, y otros adicionales, son los tipos de alegatos que se desgranarán en el panel ya iniciado. Y las modificaciones introducidas por el gobierno están bien fundamentadas. Es, por tanto, posible que, al final, se reconozcan las nuevas prácticas y se llegue a un acuerdo final.