Hoy podemos decir con claridad que nosotros no tenemos pactos con delincuentes ni perseguimos intereses personales, señaló Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al inaugurar la 25 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Durante el acto realizado en el estado de Veracruz, la funcionaria indicó que, de enero a la fecha, han sido transferidos de cárceles locales a prisiones federales más de 3 mil 500 internos de alto riesgo institucional, lo cual contribuye a mejorar la seguridad y gobernabilidad de los centros estatales.

Asimismo, agregó que desde 2021 se ha informado a las autoridades penitenciarias estatales de la posibilidad que hay de internar a personas privadas de la libertad (PPL) en las prisiones federales, y que las solicitudes de traslado serán atendidas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dando prioridad a aquellas PPL que estén poniendo en riesgo la seguridad y gobernabilidad de los centros estatales.

En su discurso, Rodríguez expuso que esta conferencia “no sólo es una oportunidad de acercamiento; también es un instrumento de trabajo conjunto para mantener la gobernabilidad en los centros penitenciarios, siempre en apego estricto a los derechos humanos.

Apostamos a la coordinación interinstitucional en nuestras instancias de seguridad pública y entre los sistemas penitenciarios, porque lo que hagamos o dejemos de hacer impactará en nuestras comunidades, comentó.

En ese contexto, propuso siete ejes de acción para el trabajo entre autoridades federales y locales en materia penitenciaria, entre ellos, mejorar la gobernabilidad de los centros, y para avanzar en la reinserción social de las PPL se fortalecerá el Comité Intersecretarial federal en materia penitenciaria.

Planteó el fortalecimiento de las bases de datos de información penitenciaria para ayudar a los trabajos de inteligencia en materia de seguridad pública. Así como el orden y la disciplina forman parte indispensable del día a día del quehacer cotidiano en los centros penitenciarios, también el respeto a los derechos humanos de las PPL, familiares y servidores públicos.

Como punto cinco, dijo que es necesario intensificar los operativos sorpresa en coordinación con autoridades federales, y en sexto lugar que se debe dar certeza jurídica a la población penitenciaria para acceder a beneficios preliberacionales, revisando expedientes de internos del fuero común y del federal, dando principal importancia a los grupos de indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos.