a semana que termina ha estado marcada por despliegues de violencia a gran escala por parte de diferentes facciones del crimen organizado. La noche del martes y la madrugada del miércoles, integrantes del cártel Jalisco Nueva generación ( CJNG) se enfrentaron a fuerzas federales, incendiaron al menos 28 negocios y 31 vehículos, arrojaron objetos metálicos puntiagudos conocidos como ponchallantas sobre diversas vías de comunicación y efectuaron bloqueos carreteros después de que elementos de la Secretaría de la Defensa interrumpieran una reunión entre dos bandas criminales. Las acciones se extendieron por los municipios jaliscienses de Ixtlahuacán y Zapopan, además de los guanajuatenses León, Irapuato, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Silao, Salamanca, Guanajuato y Celaya.
El jueves al mediodía, una riña en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dejó tres muertos dentro del recinto y dio paso a una ola de ataques que paralizaron a la urbe fronteriza y obligaron a negocios, instituciones y ciudadanos a autoimponerse un toque de queda. En lo que se presume un gran operativo de la banda Los Mexicles para desplazar a Los Chapos, sujetos balearon o incendiaron tiendas de conveniencia, vehículos y bombas de gasolina; además, hirieron de gravedad a un agente policiaco. Entre los sucesos más siniestros se cuentan la quema de un comercio donde dos empleadas, una de ellas embarazada, quedaron atrapadas entre las llamas; el acribillamiento de dos hombres, un adolescente y una mujer afuera de otra tienda, y el asesinato de cuatro trabajadores de la estación de radio Switch, propiedad de Mega Radio, la cadena con más audiencia en la ciudad. Los ataques se prolongaron hasta la mañana de ayer, cuando diversos individuos armados obligaron a los choferes de camiones de transporte de personal de las maquiladoras a descender de sus unidades para luego incendiarlas.
Cuando apenas se extinguían las cenizas de estos atentados, habitantes de los municipios bajacalifornianos de Tecate, Rosarito, Ensenada, Tijuana y Mexicali difundieron imágenes de bloqueos y autobuses de transporte público incendiados; al menos 12 en Tijuana y un número indeterminado en otras demarcaciones. Hasta el cierre de esta edición no se tenían reportes de víctimas mortales, y hasta donde se sabe el modus operandi fue similar: células armadas interceptaron los vehículos, obligaron a los pasajeros y operadores a abandonarlos y les prendieron fuego. En este caso, por el momento no hay indicios del catalizador de las agresiones.
En la magnitud de la violencia desatada durante estos días y en la elección de los blancos puede verse un propósito de aterrorizar a la población y alterar en el máximo grado posible la vida cotidiana. No parece casualidad que los objetos primarios de las balaceras y conflagraciones sean tiendas de conveniencia y unidades de transporte público, elementos alrededor de los cuales se desarrollan buena parte de las actividades diarias de los ciudadanos, y cuya destrucción genera un alto impacto en las comunidades.
Además de localizar, detener y procesar judicialmente a todos los sujetos involucrados en estas oleadas de barbarie, las autoridades deben esclarecer los porqués de este giro hacia las tácticas de terror y tomar todas las medidas para que no se conviertan en componentes habituales del acontecer nacional.
