Con fuerte presencia de grandes corporativos, como Altos Hornos de México (Ahmsa), del empresario Alonso Ancira; y el Grupo México, del magnate Germán Larrea, dueños de las tierras de la región carbonífera, Coahuila aporta nueve de cada 10 toneladas de la producción de ese mineral, extraído al amparo de concesiones sobre las que existe escasa información respecto de sus propietarios reales, de acuerdo con fuentes oficiales.

Los grandes grupos mineros explotan los terrenos, ya sea en minas subterráneas o a cielo abierto y, de acuerdo con fuentes sindicales, fraccionan las concesiones y las trasladan a otras compañías que las operan en cuanto las condiciones del mercado hacen subir el valor del mineral.

En la región de Sabinas, Coahuila, existen 67 pequeños y medianos productores de carbón que se agrupan en dos asociaciones mineras y productores independientes.

La asociación de mayor importancia por el número de socios que reúne es la Unión Mexicana de Productores de Carbón. Estas agrupaciones en conjunto suministraron de septiembre de 2020 a diciembre de 2021, alrededor de 2 millones de toneladas de carbón para el consumo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de las carboeléctricas Carbón I y Carbón II, ubicada en Nava, Coahuila, según datos del Servicio Geológico Mexicano, una instancia gubernamental.

En particular Ahmsa opera en la región la Unidad Mimosa, de la que extrae principalmente carbón metalúrgico para la producción de acero. La zona, que tiene como principales municipios a Múzquiz y Sabinas, es la fuente principal de abastecimiento de mineral coquizable para Altos Hornos desde 1944, de acuerdo con datos de la empresa.

En la opacidad

Creada hace 10 años, la empresa que opera El Pinabete, responsable de la mina que se colapsó hace más de una semana, destaca por la opacidad en la información sobre sus socios, activos y la forma en que se ha trasladado la propiedad en el tiempo.

La compañía que formalmente opera la mina no ha emitido un pronunciamiento sobre los hechos. Las autoridades de las secretarías del Trabajo y de Economía tampoco se han pronunciado sobre los propietarios reales o formales de la empresa ni han dado a conocer los resultados de las inspecciones sobre las condiciones de trabajo, según registros oficiales.

Es una práctica usual en la región que grandes empresas se hacen de concesiones mineras que luego fraccionan y trasladan a otros propietarios.

La poca información disponible sobre el pozo minero donde ocurrió el accidente la semana pasada es la que se puede encontrar en la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía (SE), la cual indica que la concesión de la mina en cuestión está a nombre de la compañía Minera El Pinabete.

Proveedora de la CFE

Sin embargo, no siempre ha sido así, pues originalmente la concesión identificada con el lote Las Conchitas Norte y con extensión de 25.49 hectáreas, fue otorgada en 2003, con duración de 50 años, a Minera Río Sabina, cuyo titular era José Ángel Ramírez Ramón.

La tarjeta informativa de registro de dicha concesión, emitida por el organismo a cargo de la SE indica una serie de movimientos posteriores que desembocaron en el traspaso de dicha concesión en noviembre de 2012 a la Compañía Minera El Pinabete, la cual previamente había adquirido a Minera Río Sabina.

El Pinabete no cuenta con una página de Internet, afiliación a algún organismo minero, ni redes sociales; sin embargo, en el padrón de proveedores de Comisión Federal de Electricidad, aparece como proveedora desde el segundo trimestre de 2021, año en el que comenzó a abastecer de carbón a la empresa productiva del Estado.

En ese padrón, ligado a El Pinabete aparece el nombre del supuesto representante de la mina, Luis Rafael García-Luna Acuña. Ayer, la Fiscalía General de la República identificó como patrón de la mina a Christian S, una identidad que corresponde a Christian Solís Arriaga.

García-Luna Acuña es hijo de Rafael García-Luna, quien era delegado del Issste en Tamaulipas durante el sexenio del hoy preso Tomás Yarrington (1999-2004). En su paso por la dependencia fue acusado de una serie de irregularidades, destacando la contratación de médicos falsos, por lo que se le inhabilitó del servicio público y se le obligó a resarcir los daños.

Su esposa, y madre de Luis Rafael García-Luna Acuña, en el mismo lapso, fue la titular de la Contraloría del Estado del gobierno de Tomás Yarrington y posteriormente diputada federal. Tanto ella como García Luna, fueron acusados de enriquecimiento ilícito.