n una acción paralela al rescate de los mineros atrapados en la mina de carbón El Pinabete, desde el viernes pasado la Fiscalía General de la República (FGR) inició una inves-tigación por posibles delitos de carácter fede-ral ligados a las causas que provocaron la inundación en ese yacimiento, en el que 10 mineros están atrapados desde el miércoles.

Según la FGR se realizan tareas de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina o pozo carbonero, e identificación de los trabajadores afectados. Lo menos problemático para la fiscalía debería ser la localización del o los empresarios concesionados, pero parece que el registro que sobre el particular debe llevar la Secretaría de Economía no está todo lo ordenado que se quisiera. De hecho, es un desbarajuste, heredado por el régimen neoliberal que otorgó concesiones mineras como si de regalar dulces se tratara.

Ayer, el presidente López Obrador dio a conocer que la concesión para explotar la mina El Pinabete fue otorgada por el gobierno de Vicente Fox. Lo hizo en 2003, con vigencia de 50 años. Todo indica que los empresarios concesionados de tiempo atrás suspendieron la extracción de carbón, pero retomaron la actividad, sin notificar a la Secretaría de Economía, a partir de 2021 o principios del este año. De cualquier forma, las instalaciones se encuentran en franco deterioro y las medidas de seguridad para los trabajadores son inexistentes.

Versiones de grupos especializados en el sector minero atribuyen la propiedad de El Pinabete a funcionarios ligados al actual gobierno de Coahuila o a prestanombres de esas mismas personas y/o de algunos políticos, pero el hecho es que, no obstante contar con una concesión federal, los titulares de la mina reiniciaron operaciones prácticamente en la clandestinidad y el costo ha sido elevadísimo.

López Obrador comentó que fue muy aleccionadora su visita a la zona de la tragedia, pues ayuda a entender cómo está la situación. Es lo de las minas también, que se dieron permisos a diestra y siniestra y ahora tenemos problemas. Nosotros no hemos dado concesiones, pero se entregaron tantas que casi la mitad del territorio nacional tiene concesiones para la explotación minera. Y muchas minas son clandestinas, no hay vigilancia, no alcanza para tantas. Se impide que entren sindicatos, y también éstos se inclinan más a las grandes empresas mineras, no a las medianas, que junto con las pequeñas, es donde hay más riesgos, más inseguridad.

En realidad, en México es difícil encontrar empresas mineras que cuenten con estándares internacionales de seguridad para sus trabajadores. La mezquindad de los grandes consorcios (con utilidades hipermillonarias) provoca huelgas y accidentes fatales precisamente por falta de seguridad y la negativa empresarial de gastar en ese renglón, mientras en la pequeña y mediana minerías, con ganancias infinitamente menores a las obtenidas por los corporativos, tampoco se arriesga capital para esos menesteres, de tal suerte que los trabajadores laboran en condiciones más que precarias y son los que pagan por ello.

Pero no resulta complicado entender cómo y quién maneja la minería en el país, pues la concentración de la actividad es impresionante, y los barones del sector se fortalecieron sexenio tras sexenio, con leyes y gobiernos a modo. Para dar una idea del grado de concentración existente, la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de lo siguiente: en 2015, 9 mil 213 empresas fueron responsables de la explotación de los minerales en el país. Del total de toneladas explotadas, 73.6 por ciento lo extrajeron las grandes empresas; 18.2 por ciento las medianas y 8.2 por ciento las pequeñas.

Sin embargo, al entrar al detalle se conoce que 90 por ciento del oro mexicano se queda en manos de los grandes corporativos mineros nacionales y foráneos; proporción igual se da en el caso de plata y 95 por ciento en la del cobre. La participación de la mediana minería, para los mismos metales, es de 9.3, 8.9 y 4.7 por ciento, respectivamente, y para la pequeña minería de 1.4, 1.1 y 0.1 por ciento, en cada caso.

Las rebanadas del pastel

Entonces, la prioridad es rescatar a los mineros de El Pinabete y, paralelamente, investigar a fondo, dar con los responsables del siniestro y actuar en consecuencia. Bien, pero urge reorganizar a la industria minera y meter en cintura a los barones del sector.