Iberdrola mantiene un juicio en contra de la aplicación de una resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que modificó en 2020 las tarifas por servicio de transmisión de energía, pues la firma se niega a pagar más por el uso de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La empresa eléctrica con sede en Bilbao señaló en su informe consolidado del segundo trimestre de este año que el proceso para obtener un amparo contra la RES/893/2020, emitida por el regulador energético mexicano, aún no se resuelve.

Iberdrola, que al cierre del primer semestre obtuvo en México el 10 por ciento de sus ganancias globales, busca evitar pagar las tarifas modificadas para el servicio de transmisión de energía eléctrica, las cuales fueron expedidas por CFE Intermediación de Contratos Legados.

La resolución de la CRE estableció que la tarifa a pagar por parte de los usuarios de la red nacional de transmisión en nivel de tensión alta era de 0.27857 pesos kilowatt hora, para media 0.25865 y para tensión baja 0.89284 pesos.

En febrero pasado durante el parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica, la cual no fue aprobada por la Cámara de Diputados, Adrián Olvera Alvarado, director general de CFE Generación, apuntó que los productores de energía renovable pagaban tarifas ínfimas de porteo estampilla, como se le conoce.

En 2010 era apenas de 3 centavos, en 2022 estamos hablando de 5 centavos. Es irrisorio el porteo que están pagando estos señores, dijo en su momento el directivo de la empresa estatal, pues otros juicios han impedido el cambio de tarifas que era de 0.051 pesos.

Iberdrola, que busca no pagar más, argumenta que esta resolución aumenta considerablemente los cargos que por este servicio se abonaban hasta ahora y, a juicio de Iberdrola México, impide y limita el desarrollo de una actividad constitucionalmente relevante como la generación de energía eléctrica y es contraria a diversos derechos contemplados en la Constitución mexicana.

Beneficios a costa del resto de los productores

De acuerdo con la CFE, hasta febrero de este año los generadores de energía renovable se benefician de la tarifa de porteo tipo estampilla a costa del resto de los generadores que usan la red eléctrica y que si pagan; hay 72 centrales renovables que no pueden sostener una operación continúa, es decir, intermitencia.

Iberdrola, la segunda generadora de energía en el país después de CFE, indicó en su reporte trimestral que el juzgado donde tramita el amparo solicitó una fianza, como garantía de la medida cautelar acordada, por un monto de 2 mil 584 millones de pesos.

Acotó que esta cantidad resulta de la diferencia entre lo que eventualmente debe pagar Iberdrola México conforme a la resolución impugnada y lo que efectivamente va a pagar gracias a la medida cautelar otorgada en concepto de los cargos tarifarios por servicios de transmisión eléctrica por un periodo de 24 meses.

Subrayó que en caso de que finalmente se obtenga una resolución desfavorable en el juicio, Iberdrola México –filial de la trasnacional que solicitó el amparo– tendría que abonar este importe.

Durante el parlamento abierto que realizó la cámara baja para discutir la reforma eléctrica que propuso el gobierno de México, los representantes del sector privado –en representación de las empresas energéticas que se negaron a acudir a los foros– ofrecieron cambiar las tarifas de porteo como una alternativa para evitar la reforma constitucional.

En días recientes el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) comentó que existen elementos que pueden ser modificados por la CRE. Iberdrola México no fue la única que solicitó un amparo contra esta resolución del ente regulador y no es el único proceso legal que mantiene la firma energética trasnacional en México.

En julio el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, otorgó una suspensión definitiva al pago de 9 mil 145 millones de pesos por incurrir en la venta ilegal de energía en la planta Dulces Nombres, en Pesquería, Nuevo León.