asi para terminar la gestión de la maestra Delfina Gómez (SEP) y apenas un año después de aprobada la Ley General de Educación Superior (LGES), ya aparecen iniciativas de autoridades institucionales que buscan restringir el acceso a la educación superior. No pocos grupos estudiantiles y académicos en su momento nos opusimos a la aprobación de esa ley, precisamente porque (artículo 4) dejaba enteramente en manos de las autoridades institucionales (rectores y consejos universitarios) la determinación de los requisitos de acceso a la educación superior y preveíamos que sin un marco de equidad y respeto a los derechos se favorecería la tendencia a establecer mayores restricciones al acceso de jóvenes a las instituciones de educación superior. Veamos lo que ocurre:

Un caso es el de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde se está proponiendo una modificación normativa (https://www.uam.mx/colegioacademico/cres/documento.html) que vendría a eliminar un dispositivo que cumple ya 14 años y que ha hecho posible que, a diferencia de lo que sucede en la UNAM e IPN, las mujeres ingresen a la UAM en una proporción casi igual a la de los hombres. Esto se logra gracias a que desde 2008 un rector estableció que el resultado del examen estandarizado de opción múltiple debía promediarse con la calificación global que había obtenido cada aspirante en el bachillerato. Con esto se respondía –sin pretenderlo– al hecho de que las mujeres en conjunto –y no sólo algunos casos– son consideradas por la ONU y el Conapred de México como especialmente vulnerables: “las mujeres –dice la ONU hablando en general– corren un mayor riesgo de sufrir dificultades económicas, exclusión y violencia, y sufren mayor discriminación” (https://n9.cl/ghz86). Y agrega el Conapred, también en términos amplios, que las mujeres son el grupo más discriminado en términos de la estructura social y que la discriminación de género produce brechas importantes especialmente en los ámbitos educativo y laboral (citado en El Economista, 18/11/19. La propuesta, sin embargo, eliminaría un dispositivo que beneficia a la mayoría de las mujeres y lo sustituiría por acciones orientados a casos específicos de capacidad diferente. La propuesta tampoco incluye un aumento en la matrícula de la UAM, que en 1990 era de 41 mil 300 (licenciatura) y en 2020 es de 46 mil 800 (licenciatura) (Anuario serie histórica). No se aumentarían los lugares disponibles, se despojaría a las jóvenes de un dispositivo que las favorecía y se establecería como reglamentario un examen estandarizado de opción múltiple, cuya agresiva naturaleza contra mujeres y jóvenes de clases populares tiene hoy una demanda pendiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya fue objeto de una larga huelga en la UNAM y de un movimiento de rechazo de estudiantes de la UAM en 1998.

Un segundo caso es el de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Durante muchos años esta ilustre institución ha admitido a cerca de 550 estudiantes, que es el número de lugares disponibles. Este año, sin embargo, ha surgido la iniciativa de que en diversas carreras se establezcan mayores limitaciones para el ingreso de estudiantes, lo que haría que a partir de ahora el número de admitidos se redujera prácticamente a la mitad y quedarían sólo 214 lugares disponibles y que ahora nadie podrá ocupar. Frente a las centenas de miles que buscan ingresar a la educación superior el número es ciertamente muy pequeño, pero lo que preocupa más es que con esto se consolida la tendencia a limitar cada vez más los espacios en las instituciones reconocidas.

Tanto en el caso de la UAM como en el de la ENAH existe una ventaja importante: ya desde hace años se ha consolidado la práctica de que instituciones como la UNAM, IPN, UAM, UPN, UAEM, UACM, Instituto Rosario Castellanos y otras se reúnan con la SEP y el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) para discutir alternativas para las y los jóvenes que quedaron fuera de los procesos institucionales de admisión. En 16 años cientos de mujeres y hombres jóvenes han podido reconstruir su futuro. Pero no sólo, el que importantes instituciones de la Ciudad de México estén considerando medidas restrictivas es ahora un tema ineludible de esta mesa, afecta a todos. Lo que significa que a partir del lunes de la próxima semana se abre el debate vivo sobre el acceso a la educación superior, la LGES y las propuestas mencionadas. Las experiencias de estas últimas dos décadas muestran que el tema del acceso a la educación superior es cada vez más un tema de la ciudad y multiinstitucional. Y ahora más, pues tiene que ver con la interpretación de la LGES de la 4T. ¿Se trata efectivamente de una ley para restringir? ¿Pueden efectivamente las instituciones –ahora parte coordinada por la estructura SEP gracias al artículo 52 de la LGE que la UAM y otras aceptaron sin queja– actuar sin referentes de equidad y respeto a los derechos? ¿A quién toca establecerlos?

* UAM-X