Además de las advertencias que han hecho expertos sobre la crisis del agua en el país y la urgencia de aprobar una ley general de aguas para garantizar el derecho humano, desde hace al menos cinco años dos relatores especiales de agua de Naciones Unidas advirtieron que muchos mexicanos viven en regiones con alto o muy alto estrés hídrico, llamaron al cumplimiento del derecho humano al líquido y al saneamiento y a impulsar una legislación para garantizarlo.

El ex relator Leo Heller hizo una visita oficial al país en mayo de 2017 y posteriormente presentó un informe en el que recomendó la aprobación de una ley general sobre el agua y otras disposiciones legislativas pertinentes, con procesos de participación y consulta apropiados y abiertos a la sociedad mexicana, lo cual será un paso importante y necesario para garantizarlos.

En ese informe dijo que ello constituiría una expresión importante y oportuna del compromiso del gobierno con el progreso en la aplicación de los derechos al agua y el saneamiento. En el documento, el relator mencionó que había 16 estados afectados por sequía y ocho de 13 cuencas hidrográficas estaban en niveles altos y muy altos de estrés hídrico. Muchos viven en regiones que padecen un nivel alto o muy alto de estrés hídrico, experimentan bajos niveles de desarrollo y se enfrentan a diferentes conflictos socioambientales, advirtió.

El actual relator especial de Naciones Unidas, Pedro Arrojo, en un foro de la Secretaría de Agricultura hace unos meses, dijo que México puede marcar liderazgo no sólo en América Latina, sino a nivel mundial con esa ley general de aguas basada en la primacía de la sostenibilidad y de los derechos humanos.

Agregó que vengo insistiendo en que no se trata de legislar una norma marginal de derechos humanos en un rinconcito, mientras los ríos y acuíferos siguen alimentando la codicia de los más poderosos, porque de ser así nada o casi nada cambiará y a la postre los derechos humanos de los más empobrecidos y la sostenibilidad de ríos, lagos y acuíferos serán marginados.

Se trata, explicó, de promover leyes, como está haciendo México con esa extraordinaria y masiva participación pública de la iniciativa ciudadana de la ley general de aguas, impulsada por organizaciones como la Coordinadora Nacional Agua para Todos.

En 2012 se estableció el derecho humano al agua en el artículo cuarto de la Constitución y un año después debía establecerse la ley general de aguas, pero el proceso se ha alargado porque, por ejemplo, en 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó la llamada ley Korenfeld, que buscaba privatizar la concesión de megaobras y sistemas municipales de agua potable, lo cual fue rechazado en su momento por organizaciones y ciudadanos. En la pasada legislatura se presentó una iniciativa ciudadana, además las de otros partidos políticos. Aún sigue pendiente el debate.