La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alta directiva sanitaria sobre los controles que deben aplicar los establecimientos dedicados a este giro para evitar el ingreso de insumos ilícitos en la cadena de suministro, tras alertar sobre la existencia de distribuidores irregulares de medicamentos.

Entre los principales incumplimientos se hallan no contar con autorización sanitaria para vender fármacos e incumplir requerimientos en infraestructura, documentación, personal o equipamiento.

Además, se identificó que algunas supuestas distribuidoras son en realidad empresas que simulan operaciones a través de la emisión de facturas.

Por ello, la Cofepris presentó la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos, donde personas, establecimientos o instituciones interesadas podrán consultar, antes de adquirir fármacos, una lista de las empresas identificadas como posiblemente irregulares.

La plataforma se actualizará de manera permanente con establecimientos identificados por incumplir la normatividad o para retirar del listado a los que presenten evidencia de acatar las normas.

A la fecha, informó el organismo regulador, la plataforma incluye más de 40 establecimientos que no cumplen la regulación sanitaria y fueron detectados como resultado de la vigilancia realizada por Cofepris y por denuncias ciudadanas.

Los medicamentos irregulares, que pueden estar distribuyendo estas firmas, representan riesgos inminentes a la salud de las personas, pues carecen de garantías de calidad, seguridad y eficacia, y no cuentan con certificaciones de buenas prácticas de fabricación.

Impugna comisión permiso para ofrecer vapeadores

La Cofepris impugnó la resolución dictada por Martín Adolfo Santos, titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que permite que una tienda departamental comercialice cigarros electrónicos.

A través del Consejo de la Judicatura Federal se dio a conocer que el caso ya fue turnado a un tribunal colegiado y la próxima semana podría resolver si mantiene o revoca la suspensión concedida a la empresa restaurantera y de artículos departamentales.

Este caso comenzó con la entrada en vigor del decreto presidencial publicado el 31 de mayo que prohibió absolutamente la circulación y venta de vapeadores y calentadores de tabaco en el territorio nacional.

La empresa privada presentó un recurso de amparo, luego de que el pasado 22 de junio empleados de la Cofepris realizaron una inspección y aseguraron dispositivos electrónicos y cigarros.

El próximo 5 de agosto se llevará a cabo una audiencia en la que el juez Martín Adolfo Santos determinará si concede o no una suspensión definitiva a la firma que comercializa los vapeadores.

Con información de Gustavo Castillo