El gobierno de Estados Unidos expresó que hay preocupaciones respecto al compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la transparencia a raíz de su decisión de catalogar como de seguridad nacional las obras y proyectos prioritarios del gobierno federal.

El gobierno de Joe Biden señaló lo anterior en el informe Declaraciones sobre el clima de inversión en 2022: México, publicado ayer por el Departamento de Estado.

En el documento detalla que si bien la mayor parte de la inversión extranjera se concentra en los estados del norte del territorio mexicano o en la Ciudad de México y el Bajío, la administración de López Obrador está centrada en atraer inversiones al sur del país, incluso a través de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor logístico e industrial transístmico.

El año pasado, el gobierno mexicano incrementó el gasto público y promovió ampliamente la inversión privada en estos proyectos, subraya el Departamento de Estado.

“En diciembre de 2021, el presidente López Obrador emitió un controvertido decreto en el que nombraba estos proyectos como prioritarios para la ‘seguridad nacional’, permitiéndoles seguir adelante antes de que se completaran los estudios de impacto ambiental y de otro tipo. Aunque los tribunales prohibieron el decreto ejecutivo, éste generó preocupaciones sobre el compromiso del gobierno de López Obrador con la transparencia”, indica el reporte.

El informe, por otra parte, destaca la decisión del gobierno mexicano de apoyarse en las fuerzas armadas para la construcción y administración de sus principales proyectos de infraestructura.

El gobierno de México elige cada vez más a sus militares para la construcción y gestión de infraestructuras económicas. En los últimos dos años, el gobierno encargó al Ejército (Sedena) la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, y de los tramos 6, 7 y parte del 5 del proyecto ferroviario del Tren Maya en el estado de Yucatán.

Subraya, entre otros puntos, que la Sedena creó una empresa estatal para operar y administrar el recién terminado aeropuerto de la Ciudad de México y que también está emitiendo contratos para la construcción de más de 300 sucursales de bancos de desarrollo social en todo México.

Además, la administración mexicana anunció sus planes de conceder a la Marina (Semar) los derechos de construcción, gestión y explotación del proyecto del Tren Transístmico.

El gobierno está en proceso de transferir la administración de los puertos terrestres y marítimos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a la Sedena y la Semar, respectivamente, y ha nombrado a personal militar retirado para los puestos de administrador portuario en la mayoría de los puertos.