Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, concedió un amparo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que ordena al gobierno federal aplicar la norma de 2013, vigente antes de que entrara en vigor la reforma publicada el 9 de marzo de 2021.

Es el primer recurso que concede a una asociación civil, que cuestionó los artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis (adicionada) y XIV; 4, fracciones I y VI; 12, fracción I; 26; 53; 101; 108, fracciones V y VI, y 126, fracción II, de la LIE.

El fallo puede ser impugnado a través un recurso de revisión ante un tribunal colegiado para que determine si confirma, modifica o revoca la decisión del juez.

Gómez Fierro apuntó que no pasa inadvertido que dicha protección constitucional puede beneficiar a otras personas aun cuando éstas no hayan acudido a la vía constitucional.

En su resolución, el togado se centró en el tema de medio ambiente y los efectos adversos de la ley. Para ello tomó en cuenta varios aspectos, entre ellos los puntos de vista de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en abril pasado analizaron una acción de inconstitucionalidad donde no se alcanzaron los ocho votos para declarar la LIE inconstitucional.

Ese resultado significó que las impugnaciones a la ley se desestimaran, por lo que la SCJN no emitió ninguna jurisprudencia sobre su validez. Esto dejó abierta la puerta para que siguieran los juicios de amparo, y los juzgados y tribunales pudieran emitir libremente sus fallos, caso por caso.

En su resolutivo, Gómez Fierro sostuvo que la LIE es contraria al derecho a un medio ambiente sano, debido a que restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética, además de no contemplar inversiones propias para alcanzar dicho cambio.

Indicó que una de las principales consecuencias de las disposiciones reclamadas es desplazar la operación comercial de centrales eléctricas que pueden operar con fuentes de energía más limpia y menos costosa. Ello tendrá como efecto que se limite el despacho de esas centrales impidiéndoles ofrecer su energía, sin importar que sea generada a partir de fuentes renovables.