En el contexto de que en México aumentaron y cada vez son más graves los casos de violencia y acoso en las escuelas diputados aprobaron en comisiones una reforma para que las autoridades educativas detecten agresiones en el entorno escolar, familiar o comunitario.

En la discusión del dictamen, votado por unanimidad, legisladores de todas las bancadas dictaminaron que las agresiones son cada vez más violentas, como ocurrió con un alumno indígena en una telesecundaria en Querétaro, resaltaron que el país ocupa el primer lugar debullying en el mundo, con una cifra de 18.7 millones de casos en primaria y secundaria.

La reforma a la Ley General de Salud, a partir de una iniciativa de Ana Lilia Herrera e Ismael Hernández –ambos del PRI–, plantea que todas las autoridades deberán formular y desarrollar estrategias, en la que deberán participar también los padres, para la detección, prevención, atención y seguimiento de cualquier expresión de violencia o maltrato escolar.

Durante la reunión de las comisiones unidas de Educación y Derechos de la Niñez, Cynthia López Castro (PRI) citó que estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional revelan que entre 60 y 70 por ciento de los alumnos de educación básica han sufrido en algún momento violencia o acoso en los centros educativos.

La violencia en el acoso escolar tiende a tener dos características fundamentales: se presenta a través de la repetición sistemática de agresiones físicas o verbales, y se concreta por medio de un desequilibrio de poder, generalmente por medio de grupos de estudiantes consolidados, indicó. Además, los ataques suelen concentrarse en un solo individuo.

Consideró que este tipo de conductas en las casas y en el sistema educativo debe ser intolerable, y por ello la reforma contempla la prevención del acoso escolar a través del fortalecimiento de medidas coercitivas, pero también de instrumentos para tratar los casos de violencia y maltrato sicológico.

Antes, la Comisión de Educación aprobó una reforma para ampliar de 5 a 10 por ciento el total de becas que escuelas privadas pueden otorgar a sus alumnos. Sayonara Vargas (PRI) manifestó que la Cámara de Diputados deberá legislar también en términos fiscales, de calidad, supervisión, infraestructura y revalidación de instituciones de educación privada, sin incidir en la libertad de elección de los estudiantes.