Campeche, Camp., Diputados locales, dirigentes municipales y estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como regidoras, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) en contra de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, a quien atribuyeron ejercer violencia política en razón de género en contra de legisladoras priístas.

Los inconformes solicitaron al organismo emitir medidas cautelares para frenar este escarnio público. Argumentaron que las priístas han sido agredidas por la mandataria emanada del partido Morena, al afirmar que posee fotografías de contenido sexual de legisladoras tricolores que presuntamente le habrían enviado a su líder nacional, Alejandro Moreno.

En compañía del dirigente del PRI en Campeche, Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, la diputada Laura Baqueiro Ramos aseguró que su partido siempre ha luchado por que las mujeres tengan mayores espacios, de ahí la reforma legislativa de 2014 para otorgarles 50 por ciento de los cargos, y ahora no podemos quedarnos calladas ante el comentario denigrante de la gobernadora.

Expuso que no podemos permitir que la participación que tenemos las mujeres en la política sea descalificada, porque no ha sido fácil la lucha. Necesitamos que nos reconozcan, porque estamos en espacios no por ser mujeres ni por situaciones denigrantes, sino porque nos hemos preparado. Pidió a la Codhecam que investigue, y emita recomendaciones.

La regidora Rosalina Martín Castillo sostuvo que a las mujeres no les han regalado nada, por ello reprochó que Sansores San Román no utilice el poder para ayudar y ser sorora.

Una mujer empoderada no es aquella que señala, agrede y denuesta. No se vale que usen los espacios de poder para seguir abusando y creando nuevos tipos de violencia hacia las mujeres, añadió, y llamó a compañeras de otros partidos a la sororidad.

El diputado Ricardo Medina Farfán, coordinador de la bancada priísta en el Congreso local, pidió a la Codhecam emitir medidas cautelares para evitar que se sigan constituyendo hechos ilícitos que violenten a las mujeres, garantizando la salvaguarda de sus derechos humanos e integridad.