El desplazamiento forzado es una realidad innegable y compleja en México y Oaxaca, y el asesinato del defensor indígena Crispín Reyes Pablo es una trágica evidencia de la situación en la que viven las víctimas, así como del riesgo que corren quienes defienden sus derechos, aseveró Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Tras condenar el asesinato de Reyes Pablo, perpetrado el 14 de julio pasado en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca, la ONU-DH llamó a las autoridades estatales y federales a que realicen investigaciones prontas y diligentes, en las cuales se tomen debidamente en cuenta la labor del defensor y que logren sancionar a los responsables.

El activista fue asesinado con arma de fuego mientras trabajaba en una propiedad cerca de Juquila Mixes. Hasta enero de este año se desempeñaba como agente municipal de la comunidad indígena de Guadalupe Victoria.