s compleja la relación entre derecho y política, aun cuando ésta debería practicarse siempre en apego al derecho. No es el caso tratándose de los pueblos indígenas que históricamente han estado sometidos al despojo de sus territorios y quienes logran un reconocimiento a través de sentencias, aún tienen que seguir luchando para que las ejecuten, que les cumplan. En ello van en juego toda una serie de maniobras y alianzas de los despojadores con la complicidad de quienes deberían estar de parte del derecho de los pueblos. Son décadas de estas prácticas y ahora se están visibilizando algunos casos que muestran un patrón muy similar. Muestro dos muy recientes: El pasado 30 de mayo autoridades de la comunidad wixárika de Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, consiguieron la entrevista y compromiso del Presidente de la República sobre la ejecución de las diversas sentencias a su favor logradas a lo largo de 16 años, que ordenan la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras ocupadas por ganaderos de la región y que hacen parte de la resolución presidencial a su favor de 1953. Los magistrados agrarios ordenaron la restitución, sin que a la fecha se hayan ejecutado completamente. Para ello hubieron de marchar 800 kilómetros a la Ciu-dad de México, desde el 25 de abril, cerca de 200 comuneros tras un acuerdo de asamblea. Regresaron a sus comunidades confiados en que les cumplirán.

El más reciente: Los ejidatarios de San Isidro, municipio de San Gabriel, en Jalisco, tras amplia trayectoria jurídica lograron el triunfo frente a la empresa estadunidense Amway-Nutrilite para que les restituya 280 hectáreas de un total de 536 de las que son propietarios desde el 23 de agosto de 1939, por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas. Tras un año, los ejidatarios sólo recibieron 256 hectáreas, bajo el argumento de que las restantes correspondientes a la hacienda El Petacal habían sido entregadas a la ampliación de varios núcleos agrarios en la región. Ante tal arbitrariedad, iniciaron la lucha jurídica que, además de asentarse en la jurisdicción nacional, también denunciaron ante el grupo de empresas y derechos humanos de la ONU que está en un largo proceso para emitir un instrumento jurídico sobre el tema y que les dio la razón sobre las graves afectaciones que han sufrido. Por otra parte, fueron promotores y partícipes de una de las audiencias públicas del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, en 2012. Un largo proceso ha culminado de manera parcial, pues el pasado 14 de julio la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que en cumplimiento de la sentencia, se dio posesión de una superficie complementaria de 121 hectáreas, de un total de 280 hectáreas, a los campesinos del Ejido San Isidro. Y agregó que: Con esta entrega se da certeza a los ejidatarios que se resolverá un conflicto de más de 80 años. Enseguida, avaló a la empresa titular del despojo: Restan por entregar 160 hectáreas, debido a encontrarse una parte cultivadas y otra ocupada; por lo cual se dará el acompañamiento a los ejidatarios para la ejecución complementaria en términos de la resolución presidencial. Lo anterior reafirma el compromiso del gobierno de México en favor de las y los ejidatarios del país (comunicado del pasado 15 de julio). Raúl de la Cruz, presidente del comisariado del Ejido San Isidro, se congratuló de que, después de cuatro generaciones, se haya recuperado el territorio despojado, así sea parte del mismo, lo consideran un avance para la concreción de un largo proceso que hoy demanda ante todo de unidad en torno a quienes legítimamente han estado activos junto a su abogada Carmen Figueroa.

Lamentablemente, las sentencias, una vez que se dictan, comienzan los juicios extrajudiciales de los despojadores para detenerlas. Así sean unos ganaderos o una empresa trasnacional dedicada al agronegocio. Es importante señalar que la política oficial aplicada por décadas no se ha denominado cumplimiento o ejecución de sentencias, sino conflictos. Recordemos la denominada focos rojos y en esa lógica aparece en el escenario la necesidad de asignar recursos para indemnizar a los afectados y lograr un acuerdo. Un ejemplo de ello: en 2016, como expresión de esta política transexenal, el Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), aprobó por unanimidad la autorización de recursos por parte de la Sedatu para resolver conflictos agrarios que tienen décadas sin resolverse en los estados de Oaxaca, Jalisco, Chiapas y Tabasco, (Sedatu.gob.mx).

Curiosa lógica, quienes han explotado unas tierras de manera ilegal deben ser compensados, o bien quienes ganaron un juicio deben aceptar un acuerdo para vender sus tierras al precio que les señalen desde el Estado que funge como el intermediario. ¿No sería ya hora de tomar los derechos en serio?