Washington. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos y sus agencias de aduanas, protección fronteriza y control migratorio han realizado compras masivas de datos de ubicación de celulares de ciudadanos sin orden judicial, denunció ayer la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU).

Los archivos, obtenidos por la ACLU el año pasado, a través de una demanda en curso de la Ley de Libertad de Información (FOIA), arrojan más luz sobre la capacidad del gobierno para obtener nuestra información más privada simplemente abriendo la billetera federal, afirmó la organización en un blog.

En 2020 el diario Wall Street Journal informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) compraron sin orden judicial datos para acceder a la ubicación confidencial de ciudadanos.

A raíz de esta publicación, la ACLU presentó una demanda para obligar a las agencias a brindarle información.

Los archivos demuestran que el DHS usó millones de dólares de los contribuyentes para comprar acceso a la información de ubicación de teléfonos celulares de ciudadanos estadunidenses y extranjeros a través de datos que le vendieron las empresas Venntel y Babel Street, añadió.

Según la ACLU, se compraron cantidades masivas de información, a pesar de que la Suprema Corte de Estados Unidos protege los datos de ubicación de teléfonos celulares contra el acceso del gobierno sin una orden judicial.

La Suprema Corte ha dejado claro que debido a que el historial de ubicación de nuestro teléfono celular revela muchas privacidades, merece la protección total de la Cuarta Enmienda, afirmó Nathan Freed Wessler, de la ACLU, en un comunicado publicado ayer.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a los ciudadanos de registros y aprehensiones arbitrarias.

Según Shreya Tewari, también de la ACLU, los archivos demuestran que el gobierno ha intentado lavarse las manos de cualquier responsabilidad en la compra de datos en los casos en los que hubiera necesitado una orden judicial.

La ACLU asegura que el volumen de información confidencial que consiguió el DHS es asombroso.

Pone como ejemplo un periodo de tres días de 2018. En este tiempo adquirieron archivos que contenían alrededor de 113 mil 654 puntos de ubicación (más de 26 por minuto) solamente en un área del suroeste de Estados Unidos, la cual no precisa.

La organización de la defensa de las libertades civiles estima que estos documentos son una prueba más de que el Congreso necesita aprobar una ley que ponga fin a esta práctica.