Madrid. El gobierno español alista un impuesto levemente inferior a 5 por ciento sobre el beneficio neto por intereses y las comisiones bancarias como parte de un plan para recaudar 3 mil millones de euros (tres mil 50 millones de dólares) para ayudar a hacer frente al impacto de la inflación, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el martes pasado que se impondría un gravamen bancario temporal en 2023 y 2024, pero no dio más detalles.

Se espera que otro impuesto, sobre los beneficios inesperados de las empresas energéticas, sirva para recaudar 4 mil millones de euros.

Según las fuentes, los detalles aún se están ultimando y podrían cambiar en el último momento.

El lunes, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijo que el gobierno empezaría a discutir los detalles del impuesto con los bancos el viernes. Hasta ahora, esas instituciones no habían sido informados de ningún detalle, indicaron las fuentes.

El impuesto estaría inspirado en una propuesta del Fondo Monetario Internacional tras la crisis financiera de 2008, que pedía un impuesto sobre la actividad económica que podría aplicarse a todas las actividades de una entidad financiera, comentó una de las fuentes.

En tanto, la segunda fuente dijo que el impuesto se diseñaría de tal manera que los bancos serían penalizados en caso de que trasladaran el aumento de los costos al cliente final.

La semana pasada, Calviño explicó que la razón para gravar a los bancos era evitar los beneficios inesperados derivados de las subidas previstas de los tipos de interés.

Teniendo en cuenta los mil 200 millones de euros de impuestos pagados por los bancos nacionales españoles sobre los beneficios de los 12 meses anteriores a marzo de 2022, la nueva tasación representaría alrededor de 10.3 por ciento de los beneficios netos del sistema bancario nacional, según la agencia de calificación DBRS.

Analistas de Deutsche Bank han señalado que, sea cual sea el impacto final sobre los beneficios, este tipo de medidas aumentaría la incertidumbre regulatoria.