Al menos siete empresas han presentado amparos contra el nuevo esquema de compras para el gas natural que emitió la Secretaría de Energía (Sener) en junio pasado, el cual busca dar salida a los excedentes del energético que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su filial CFEi tienen.

En días recientes el juzgado tercero de distrito en materia administrativa ha recibido y dado inicio a los procesos judiciales contra el oficio SENER.100/195/2022 fechado el 13 de junio de este año.

La instancia judicial, a cargo del juez Ramón Lozano Bernal, es la misma que otorgó la semana pasada una suspensión provisional a la multa que impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Iberdrola por la venta ilegal de energía en la planta de Dulces Nombres en Nuevo León.

Las empresas buscan que no se ponga en marcha la estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, planteada en el documento enviado por la dependencia a cargo de Rocío Nahle García.

Además, los recursos legales también van contra el oficio CENAGAS-UGTP/00434/2022, el cual notifica que la estrategia comenzará a aplicarse el 13 de agosto.

El oficio de la Sener pide a la CRE y al Centro de Control de Gas Natural (Cenagas) poner en práctica medidas para que los consumidores del energético que importa el país, lo adquieran a la empresa estatal. La dependencia argumentó que a raíz de la mala planificación de administraciones anteriores, la CFE se encuentra sometida a cumplir forzosamente obligaciones contractuales que, a mayo de 2022, representaban para su filial CFEi contratos de servicio de transporte de gas natural en Estados Unidos por alrededor de 21 mil millones de pies cúbicos diarios, de los cuales se pueden importar 8 mil 200 millones de pies cúbicos diarios y actualmente se utilizan 3 mil 500 mil pies cúbicos diarios, equivalentes a 41 por ciento de la capacidad contratada.

La Sener señaló que los interesados en recibir el servicio debían acreditar en un plazo de 60 días naturales que el suministro lo reciben de alguna de las empresas estatales e incluso debía prevalecer la contratación con CFE en zonas donde tuviera capacidad reservada en los sistemas de transporte.