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Desecha la SCJN amparo de El rey del outsourcing
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de julio de 2022, p. 8

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la petición para atraer un amparo de Raúl Manuel Beyruti Sánchez, conocido como El rey del outsourcing, para evitar ser encarcelado por delincuencia organizada, fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El empresario, que se encuentra prófugo, buscaba con este juicio que si es detenido se le concediera la prisión domiciliaria debido a su edad.

Desde febrero del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión por parte de un juez federal adscrito al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, en Almoloya de Juárez, estado de México.

El caso en su contra comenzó cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que su empresa GIN Group y otras firmas asociadas, dedicadas a la subcontratación de trabajadores, utilizaron esquemas de facturación falsa para ocultar sus ganancias, una operación que podría superar los 30 mil millones de pesos.

Como parte de la estrategia legal de sus abogados, se presentó el amparo 1273/2021 ante el juzgado primero de distrito, con sede en Tabasco, en el que se apeló al artículo 166 del Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual señala que las personas mayores de 70 años cumplan con la prisión preventiva en sus domicilios.

El juzgado le negó el amparo, por lo que recurrió ante un tribunal colegiado y poco después pidieron que la SCJN atrajera su caso, petición que ahora retiró, según se dio a conocer en un acuerdo del máximo tribunal.

Por lo tanto, queda insubsistente la suspensión ordenada en acuerdo de 7 de julio de 2022 derivado de la petición que formula directamente el apoderado del quejoso y, por ende, infórmese al tribunal colegiado en materia penal del décimo circuito que está en condiciones de resolver el amparo en revisión, señala el acuerdo del máximo tribunal.

Beyruti obtuvo, mediante otro amparo, autorización para no comparecer personalmente a la audiencia de imputación, decisión que la FGR apeló ante un tribunal colegiado.