omo podemos observar, la incongruencia en el Poder Judicial es la base de su sustento. La combinación entre ideología, intransigencia y corrupción, genera una especie de archicofradía donde el dinero les permite ser juez y parte.
Existe temor a las expropiaciones por parte de las empresas trasnacionales, por supuesto que sólo afecta a éstas y a los funcionarios corruptos que viven de las ganancias que obtienen.
Las ventajas de las empresas privadas, nacionales o extranjeras, son: obtener la materia prima a bajo costo, pagar sueldos injustos, y no sólo eso, muchas de ellas, ofrecen contratos ilícitos y desventajosos para el personal local. Ese es el gran negocio, se protegen con los permisos otorgados por altos funcionarios, los impuestos que pagan, si es que lo hacen, son mínimos. Algunas de ellas son Intergen, Genermex, Grupo México, Enel Green Power e Iberdrola (en México), por supuesto.
Ya se ha comprobado que, en incontables ocasiones, la ley está de parte del demandado. Esto ha sucedido recientemente con la española Iberdrola, por ejemplo, ya que el pago de la multa de 9 mil 145 millones de pesos, que el gobierno federal determinó, fue suspendido temporalmente.
Esta es la forma como logran ganancias multimillonarias: obtener permiso oficial e imponer condiciones para continuar invirtiendo
para el desarrollo de la industria del país donde se les permita instalarse.
No obstante la Expropiación Petrolera de 1938 y la de la Electricidad en 1960, el beneficio para la población no ha alcanzado el ciento por ciento de cobertura. Además de que la voracidad de las grandes corporaciones energéticas se ha fortalecido con el periodo neoliberal, de tal forma que la batalla por la soberanía energética continúa.
Se escandalizaron los defensores del mercado libre
cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de ley para la reforma eléctrica. Las críticas se multiplicaron y se pretendió obstaculizar, a como diera lugar, la propuesta del Ejecutivo.
Los ejemplos se van difundiendo, las expropiaciones y nacionalizaciones tienen que realizarse cuando el abuso es ya intolerable. México dio el primer paso para liberarse del robo de energía y recuperar lo que se había avanzado con la expropiación eléctrica decretada por el presidente Adolfo López Mateos. Medida que no les importó a los antipatriotas, quienes estaban devolviendo a las empresas trasnacionales, los logros obtenidos en sexenios anteriores.
Esos antipatriotas tienen nombre y apellido: José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; todos licenciados y ex presidentes neoliberales.
En Europa, algunos países ya han cuestionado el abuso de las compañías privadas de energía en perjuicio de la población, agravando la situación económica en la que han caído.
Allá, Francia ya dio el paso correcto. La principal empresa eléctrica del país, la Eléctrica de Francia (EDF) será nacionalizada en su totalidad. Aunque la ventaja para el gobierno de Emmanuel Macron, a quien ahora acusarán de comunista, es que ya contaba con más de 80 por ciento a su favor. De igual forma, otros países se alistan para dejar de pagar a privados el recurso energético imprescindible para que sus economías no colapsen.
En el caso de la disputa por invadir al mundo de sistemas de energías limpias, es Francia la nación que puede hablar de amplia experiencia nuclear. Han comprobado que cualquier técnica es útil y segura si las instrucciones se siguen al pie de la letra y los códigos de seguridad se respetan con todos los sentidos.
En cuanto al ejemplo que está dando el gobierno de Macron, la opinión de quienes proponen rescatar la soberanía energética en España, e imponer sanciones a Iberdrola, dicen lo siguiente “lo relevante es que rompe con la tendencia privatizadora y abre las puertas a que otros países tengan su energía eléctrica pública…” la Constitución española garantiza que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general
(artículo 128).
Así que, estos hechos lícitos, como lo es la expropiación, o nacionalización, demuestran que el gobierno, no está atentando en contra de la libertad de las empresas privadas por hacer negocio con aquellos que así lo deseen. El gobierno está en contra de los abusos de las compañías depredadoras.
Aunque, en el caso de México, no podemos cantar victoria. Ya se ha logrado evidenciar quiénes son los enemigos del desarrollo, del crecimiento y de la soberanía energética, quiénes son sus cómplices y quiénes no quieren apoyar al país.
En la medida en que más gobiernos se unan a esta oleada de expropiaciones
irá quedando claro que las necesidades de los pueblos deben estar por encima de los intereses económicos de las grandes empresas particulares.
Mientras en Francia festejan la decisión de recuperar la soberanía energética eléctrica, en México, un juez decide que los abusos de Iberdrola no son tales y que la multa impuesta debe suspenderse para analizar si es legal o no.
Twitter: @AntonioGershenson
