La próxima semana integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezados por la relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas, Esmeralda Arosemena de Troitiño, visitarán Chiapas, a fin de evaluar las medidas cautelares dictadas en 2018 y 2021 para garantizar la seguridad de los pobladores de las comunidades de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas indicó que la visita, del 11 al 15 de julio, se realizará en medio de una proliferación de grupos armados y la omisión del gobierno de México frente al cumplimiento de las medidas cautelares, las cuales se otorgaron debido a que, por conflictos de tierras, indígenas han sido atacados y desplazados.

El 15 de diciembre pasado, tras un informe de seguimiento, la CIDH manifestó su disposición a realizar una visita in situ a México, con previa anuencia del Estado, a fin de verificar la situación de las personas beneficiarias, con quienes se reunirá.

De acuerdo con la información proporcionada por el centro de derechos humanos, los expertos llegarán el 11 de julio, el 12 estarán en el municipio de Aldama y el 13 en Chalchihuitán, ese mismo día se reunirán con autoridades locales.

Las disposiciones fueron dictadas en 2018 y 2021

El 14 de julio estarán en la Ciudad de México para sostener encuentros con funcionarios federales. La CIDH otorgó medidas cautelares, en febrero de 2018, a través de la Resolución 15/2018 para 10 comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó, a petición del Frayba, con el fin de garantizar los derechos de indígenas tsotsiles desplazados de la zona.

Los solicitantes denunciaron que existía una situación de violencia basada en un conflicto de límites territoriales entre ambos poblados, con más de 45 años.

Lo anterior generó conflictividad entre las comunidades presentándose robos, destrucciones de cultivo, invasiones de tierra e incluso asesinatos, y un aumento de la presencia militar.

En tanto, en abril de 2021, la CIDH emitió la resolución 35/2021 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de familias tsotsiles de 12 comunidades de Aldama, debido a la situación de riesgo por agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de un grupo armado proveniente del ejido Manuel Utrilla, de Chenalhó, así como por un grupo armado de corte paramilitar que habría operado en el desplazamiento suscitado en 2017 en Chalchihuitán.

La situación tendría como antecedente también una disputa territorial entre ejidos colindantes. Para septiembre de 2020, se tenía el registro de 3 mil 499 personas desplazadas de 10 comunidades.

En su informe de seguimiento para ambos casos, de diciembre de 2021, aunque la CIDH valoró las medias de protección, seguridad y ayuda humanitaria tomadas por el Estado, resolvió que éstas debían reforzarse considerando que los factores de riesgo continúan vigentes.