Jaime Martínez Veloz presentó ayer ante la Cámara de Diputados una ampliación de su denuncia contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en la que pidió que el ex funcionario fuera sometido a juicio político.

En esta ocasión, el ex candidato del PRD a la gubernatura de aquella entidad, aportó pruebas de que Bonilla incurrió en usurpación de profesión al ostentarse como ingeniero industrial egresado de la UNAM. Entre ellas se encuentra un oficio que le envío la máxima casa de estudios en el que se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de la institución y no se encontró que el ex mandatario haya sido miembro de la comunidad universitaria, ni como alumno ni como egresado de la casa de estudios.

En la ampliación, solicitó a la Cámara de Diputados investigar dos asuntos que a todas luces ponen en evidencia que se cometieron actos antijurídicos por parte del ex gobernador. El primero de ellos es la compra de un departamento en San Diego, California –valuado en 3 millones 950 mil dólares–, a un costo de 900 mil dólares. Las escrituras del inmueble fueron traspasadas el mismo día de la adquisición a la esposa de Bonilla.

El segundo es el presunto desfalco al erario público al haber comprometido 12 mil millones de pesos para la construcción de una planta fotovoltaica, pese a que no tenía los permisos federales para su edificación y operación. Por esta causa la fiscalía del estado intento notificarle de las acusaciones que se le imputan, pero no pudo ser localizado en el domicilio que tenía registrado.

Martínez Veloz, ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, estimó que el juicio político contra el ex gobernador todavía procede un año después de que dejó la administración pública.

En la denuncia original, el ex diputado acuso al ex mandatario de violar la Ley de la Nacionalidad Mexicana toda vez que buscó desempeñar cargos públicos en Estados Unidos siendo al mismo tiempo diputado en México.