Washington. Los tres mayores distribuidores de medicinas en Estados Unidos lograron una gran victoria cuando un juez federal dictaminó que no son responsables de la elevada adicción a los opioides en el estado de Virginia Oeste.

La crisis de los opioides ha comportado considerables daños para los ciudadanos del condado de Cabell y de la ciudad de Huntington en ese estado, escribió el juez David Faber en su veredicto del lunes por la noche. Hay una tendencia natural para asignar la culpa en estos casos, pero ésta se debe decidir basándose en los hechos y en la ley y no por simpatía, añadió.

Alrededor de 10 por ciento de la población del condado de Cabell ha sido afectada por consumo de opioides, lo que implica un pesado costo económico y social, sostuvo el magistrado. Sin embargo, los demandantes no demostraron que el volumen de los fármacos con receta distribuidos en Cabell/Huntington se debía a una conducta irrazonable de los demandados AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, escribió Faber.

Para abastecer a las farmacias, las tres empresas entregaron más de 51 millones de dosis de analgésicos en el condado durante 2006 y 2014. Las autoridades locales acusan a las compañías de hacer la vista gorda con un volumen de encargos sospechosos. Pero no hay nada irrazonable en la distribución de sustancias que cumplen con las prescripciones legales, apunta Faber.

El juez culpó a los fabricantes que comercializan agresivamente con opioides de prescripción, en lugar de a las empresas que los distribuyen. Después de tornarse adicta a los analgésicos, mucha gente aumentó su consumo y, en algunos casos, empezó a tomar drogas ilegales como heroína y fentanilo, un opioide sintético potente en extremo.

La crisis del opio, que ha causado más de 500 mil muertes en 20 años en Estados Unidos, ha desencadenado una oleada de demandas por parte de víctimas directas, ciudades, condados y estados que sufren los efectos colaterales.

La demanda del condado de Cabell y la ciudad de Huntington se ha convertido en un símbolo del objetivo de las autoridades de que las empresas paguen el costo económico y social de la crisis. Entre el 3 de mayo y el 28 de julio de 2021, 70 testigos declararon en el juzgado federal de Charleston, en Virginia Oeste.

Mientras se realizaban las audiencias, las tres distribuidoras y Johnson & Johnson acordaron pagar 26 mil millones de dólares para poner fin a una serie de acciones legales en un acuerdo que aún se ultima.