La empresa ADN México-Central ADN, a quien le fue entregada ilegalmente una base de datos con 49 mil registros, buscaba ser la única compañía que tuviera el control de las huellas genéticas de familiares de personas reportadas como desaparecidas al ser víctimas de diversos delitos o de los datos obtenidos de restos que no han sido identificados; también trató que se le otorgaran contratos con lo cuales se convirtiera en el único prestador de servicios para obtener, almacenar y confrontar los datos genéticos de policías y presos de todo el país, reveló el proceso penal 245/2020, en el cual se dictó sentencia condenatoria contra Roberto Cabrera Alfaro, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejercicio indebido del servicio público.

En días pasados y luego de una audiencia que duró varios días, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó sentencia contra Roberto Cabrera Alfaro y el procedimiento penal abrió la puerta para que se regule de mejor manera la posesión de los datos genéticos de familiares de personas desaparecidas, víctimas del delito y de los restos que se han localizado sin que se haya determinado su identidad.

Asimismo, el juzgador ordenó ampliar la investigación de este caso en el cual Cabrera Alfaro entregó ilegalmente los 49 mil registros obtenidos entre 2016 y 2018 por las extintas Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y Policía Federal.

El juicio y la etapa de interrogatorios y contrainterrogatorios a testigos permitieron obtener declaraciones en las que ADN México –a decir de sus altos directivos durante una audiencia realizada en el Reclusorio Sur– tiene entre sus socios a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo, y su sobrino Hugo Scherer Castillo.

Funcionarios federales revelaron que los representantes de ADN México intentaron desde 2016, con el apoyo de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y prófugo de la justicia que se encuentra en Israel, que en la entonces PGR se contrataran los servicios de la compañía.

Funcionarios federales señalaron que, en su sentencia, el juez Delgadillo Padierna determinó ampliar la indagatoria y por ello el Ministerio Público Federal investigará a ex funcionarios de servicios periciales de la extinta PGR y de otras instituciones por haber entregado en una USB los 49 mil registros a Cabrera Alfaro y que éste, sin autorización de los ciudadanos e ilegalmente, proporcionara la información a ADN México.

El juez Delgadillo condenó a Cabrera a tres años de prisión conmutables por mil 95 jornadas a favor de la comunidad, inhabilitación por dos años para desempeñar cargo público o participar en licitaciones, suspensión de sus derechos políticos, pago de 25 mil pesos, publicación de la sentencia y, en un acto público, la Secretaría de Gobernación deberá ofrecer una disculpa pública por los actos del ex funcionario.