Madrid. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aún no puede dar por cerrado uno de los procesos judiciales más graves y turbios que enfrenta, el que se refiere al espionaje ilegal y continuado que habría realizado a través de un ex comisario de policía, José Manuel Villarejo, para coaccionar y amedrentar tanto a las empresas competidoras, como a dirigentes políticos, periodistas y líderes medioambientales.

La Fiscalía Anticorrupción apeló de la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que ordenó el archivo de la causa por la prescripción de los delitos, con el argumento de que el magistrado cometió un error, al no advertir que algunos de los delitos investigados son de 2011, 2012 y 2016.

En este proceso judicial las fechas son muy importantes. Entre otros motivos porque el juez García Castellón concluyó que los delitos habían prescrito porque todos ellos se remontaban a 2009, con lo que se había superado el límite legal para su investigación y procesamiento. Pero la Fiscalía Anticorrupción advirtió un supuesto fallo del magistrado que –de ser admitido el argumento– podría dar un vuelco al caso, sobre todo porque abriría la puerta para que Sánchez Galán y la cúpula de Iberdrola respondan ante la justicia por las imputaciones.

El recurso de la Fiscalía advierte que hay un error en la determinación de los motivos de la imputación formal contra Sánchez Galán, pues el auto con el que se decidió el archivo de la causa y por tanto su exoneración decía que sólo se le imputaban hechos relacionados con proyectos de Villarejo hasta 2009, sin mencionar los posteriores, como el denominado proyecto Wind, contratado, desarrollado, facturado y abonado a Cenyt (la empresa de Villarejo) desde finales del año 2011.

Este caso se refiere al espionaje contra la empresa suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario, Christopher Kapp, con quienes Iberdrola Renovables se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania.

Por tanto, la Fiscalía solicita al tribunal que revoque el sobreseimiento y declare que en este caso se ha aplicado erróneamente el instituto de la prescripción.

Este hallazgo de los fiscales podría suponer un severo varapalo a la defensa de Sánchez Galán, que consideraba que ya había sorteado a la justicia en uno de los procesos judiciales más graves y por el que se llegó a cuestionar por accionistas minoritarios su permanencia al frente de la multinacional.

Además de este caso, Iberdrola fue recientemente condenada por un juez a pagar una multa de 84 millones de euros (mil 800 millones de pesos) y a penas de cárcel de dos años a cuatro de sus máximos directivos por la manipulación del precio de la electricidad.